Revocación, goles y ajedrez
Crónica de una asamblea anunciada (y un acta revocada)
Por Alberto Chanona Publicado en Crónica, Historias en 22 octubre, 2020 0 Comentarios 11 min lectura
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El martes 20 de octubre de 2020 ocurrieron en San Cristóbal de Las Casas dos hechos simultáneos no casuales: una asamblea ciudadana y un una reunión de cabildo que, con una revocación de cambio de uso de suelo, respondió al fin a una demanda ciudadana. Eso último, una respuesta deseada que tardó ocho años en llegar.

En la Plaza de la Paz, representantes de cuarenta colonias del municipio realizaron, el pasado martes, una asamblea ciudadana. El objetivo fue acordar acciones colectivas contra la ineficacia ambiental del ayuntamiento local y la negligencia de Ismael Brito Mazariegos y Jorge Luis Llaven Abarca, secretario de gobierno y fiscal de Chiapas, respectivamente. Ambos funcionarios los dejaron plantados para ir a tomar un café, el pasado 16 de septiembre, en la mesa de atención a la que se habían comprometido dos días antes, luego de una protesta realizada en un tramo carretero, en la salida de San Cristóbal a Comitán, por el relleno ilegal y la invasión de humedales y áreas protegidas.

Seguimos esperando. Este posteo de Facebook corresponde al día en que no asistieron a la reunión comprometida. En la misma plataforma, otra publicación más, firmada por Colonias del Sur, expone: «Se nos dijo que el miércoles 16 de septiembre, a las 11 horas, participaríamos en una reunión de 18 representantes de colonias y barrios de la ciudad con el secretario de gobierno y el fiscal general. Estuvimos puntuales, los esperamos dos horas y media. No llegaron y ni siquiera se disculparon. Seguimos esperando».

Durante la asamblea, representantes de 40 colonias dieron testimonio de diversos problemas que padecen, sin que hayan recibido atención del gobierno estatal y/o municipal: relleno de humedales, cambios de uso de suelo irregulares, contaminación de fuentes de agua, gasolinerías que dañan viviendas vecinas, clausuras de obra que son casi aire, letra muerta, gestos simbólicos abiertamente inocuos.

Éstas son algunas de las propuestas de acción que serán votadas en una próxima asamblea, el 10 de noviembre, si el gobierno estatal no da respuesta a las denuncias ambientales atascadas por años en fiscalías y secretarías:

  • Boicot electoral: «que el pueblo ponga su gobierno, y no el gobierno su candidato».
  • Pago y ejercicio de impuestos de forma directa ante los barrios y colonias, y no para alimentar el erario.
  • Sumar y articularse entre todas las luchas sociales: estudiantes, jubilados, feministas…
  • Cierre de la empresa Coca-Cola durante 24 horas.
  • Bloqueo total de la ciudad.
Compromisos incumplidos. Como se lee, en la minuta de la mesa de trabajo no comprometieron la visita del Secretario de Gobierno, sólo la del Fiscal del Estado. Pero ese compromiso sí existió. Se hizo un día después, en un acuerdo hablado.

El pasado 14 de septiembre, ante un bloqueo carretero realizado como medida de protesta, los gobiernos estatal y municipal se comprometieron a que el secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, y el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, sostendrían una reunión, el 16 de septiembre, con 18 representantes de colonias y barrios de la ciudad. Los funcionarios sí visitaron San Cristóbal ese día para inaugurar una obra. Pero no asistieron a la reunión comprometida.

El ayuntamiento, por su parte, hizo un segundo compromiso: dar respuesta por escrito, a más tardar, el 30 de septiembre, a algunas de las quince demandas que le correspondiera atender. Algunas de éstas que habrían competido a sus facultades son: la revocación de «todos» los cambios de uso de suelo emitidos sin consulta pública o con irregularidades administrativas; la actualización del Programa de Desarrollo Urbano, así como la elaboración del Atlas de Riesgos y del Programa de Mitigación de Riesgos y Restauración de sitios con impactos ambientales negativos; la clausura de bancos de materiales pétreos ilegales, y el freno inmediato a la venta ilegal de terrenos.

El gobierno municipal sigue sin cumplir el acuerdo. Su respuesta fue el silencio.

Una aclaración necesaria
Este paréntesis es una actualización añadida a la presente nota por su autor, a las 18:50 pm del 22 de octubre de 2020.

No es cierto. El ayuntamiento sí respondió. Lo hizo el 8 de octubre, no el 30 de septiembre, como dice la fecha en el documento escrito que entregó a las colonias del sur de San Cristóbal, que protestaron con un bloqueo carretero el 14 de septiembre.

El documento puede consultarse completo en este enlace: Respuesta a los 15 puntos del pliego petitorio. En él, dice Manuel Lemus Kourchenko, director municipal de Ecología y Medio Ambiente:

«A la fecha se cuenta con la relación de funcionarios del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas que en administraciones anteriores otorgaron permisos de subdivisión en zonas de humedales, así como los Notarios que han escriturado en zonas de conservación ecológica, no cumpliendo con la reglamentación establecida; por lo que se procederá conforme a las facultades –no especifica cuáles son– que tiene el gobierno municipal».

Informa también que «se acordó iniciar la discusión del Plan de Manejo» de la reserva Huitepec Alcanfores, en este mismo mes de octubre. Espera, dice, publicar el Plan de Manejo en 2021. Destaca, asimismo, que ésta es «la primera administración que se ocupa del tema, ya que desde su decreto en 2007 nada se había hecho para administrar y cuidar esta reserva».

Sobre la demanda de suspensión y clausura de los bancos de arena, el funcionario municipal afirma que «se cuenta con una estrategia conjunta» entre la SEMAHN, la Procuraduría Ambiental y el Ayuntamiento, para atender el problema, la regularización «y su abandono progresivo, para poder avanzar en la recuperación del paisaje». No explica en qué consiste ni el grado de avance de la estrategia.

El documento es, pues, la respuesta comprometida por el ayuntamiento, luego de la protesta ciudadana del pasado 14 de septiembre. Los grupos ambientalistas de San Cristóbal de Las Casas, sin embargo, no reconocen su validez como respuesta oficial. Por un lado, porque el documento no muestra una representación colegiada (presidenta, síndico, regidores, directores): sólo es firmado por el director de Ecología y Medio Ambiente Municipal, Manuel Lemus Kourchenko. Por el otro, porque no dice casi nada que no haya dicho antes. Es una respuesta construida con promesas y vaguedades: hemos denunciado, hemos trabajado, hemos visitado, nos hemos reunido, lo vamos a discutir… Una narrativa que parece poco eficaz contra lo que está a la vista y que no ha dejado de avanzar, literalmente, voraz como un cáncer.

Fotografía: Jorge Aguilar Pinto.

Fin del paréntesis añadido a las 18:50 pm.

Revocación

Mientras la asamblea ocurría, en otra parte de la ciudad, el cabildo aprobó por unanimidad la revocación de un acta del 7 de septiembre 2012.

El acta en cuestión autorizó, hace ocho años –durante el mandato de Cecilia Flores, ahora directora de Coneculta–, el cambio de uso de suelo de un predio de reserva ecológica donde se pretendía construir el fraccionamiento La Moraleja, de 200 casas. Al final, dicho plan fue detenido por la oposición de la colonia Maya, afectada por esa obra y cuyos integrantes han sido criminalizados, con acusaciones probadamente falsas, por defenderse, como ha documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en diversas ocasiones.

En la exposición de su voto para revocar el acta de 2012, el regidor Emiliano Villatoro Alcázar argumentó:

«Con su aprobación no sólo se hacen evidentes los vicios y violaciones que ocurrieron al aprobar el cambio de uso de suelo de un área que originalmente es de conservación ecológica a uso habitacional. También se reconoce en este acto [la revocación de acta] la lucha que la colonia Maya emprendió desde el año 2012. Sufrieron, en agosto de 2015 y junio de 2016, afectaciones severas a sus viviendas [por el escurrimiento de agua y lodo ocasionado por el intento de construir un fraccionamiento en el predio de referencia]. Algunos de sus compañeros, incluso, han sido objetos (sic) de órdenes de aprehensión. En los más de treinta años de vida de la colonia Maya, ésta se ha vuelto un bastión importante para la concientización (sic) del cuidado de nuestras áreas naturales. Debo resaltar que como consecuencia a la aprobación de este dictamen, se realizará el análisis para iniciar procedimientos de responsabilidad a funcionarios o servidores públicos por las acciones u omisiones al otorgar el cambio de uso de suelo en el año 2012, del predio El Carmen Guadalupe».

He aquí una ironía involuntaria: un ayuntamiento que no ha logrado dar significado a las cintas amarillas con que clausura rellenos y construcciones ilegales, en los humedales de San Cristóbal (supuestamente protegidos como sitios Ramsar), anuncia que iniciará procesos contra los exfuncionarios responsables, por acción y omisión, de las irregularidades detectadas, denunciadas y ahora, al fin, reconocidas.

El gesto es, desde luego, motivo de celebración para la colonia Maya, los defensores ambientalistas y la ciudad. Pero su valor y efecto aún están por verse, en una ciudad a menudo rehén de los votos, el negocio y la violencia.

Goles y ajedrez

Martín López, ambientalista y uno de los representantes de la colonia Maya, escribió una carta pública para celebrar la revocación del acta de cabildo de 2012. Pero, además, señala el rumbo de una respuesta colectiva a la indiferencia o inoperancia recurrentes del gobierno estatal y local: la organización ciudadana, de la cual la asamblea del martes 20 fue una muestra:

«Si lo comparamos con el juego de ajedrez la revocación del día de ayer significa que una de nuestras piezas puso en jaque al equipo contrario. El equipo contrario seguro está pensando la estrategia para proteger a su rey. ¿Quién es el equipo contrario, quién es el rey? No es una persona, no es un empresario, es un gran colectivo es un sistema que ha gobernado por muchos años. El equipo contrario son todas las personas, empresarios y gobernantes que han diseñado esta ciudad, sin importar la madre tierra, sin importar la carta urbana, sin importar el futuro del agua, sin importar la vida.

Nuestro equipo de ajedrez está representado por quienes nos reunimos ayer en la plaza de la resistencia. Somos un ejército de peones que queremos poner en jaque al equipo contrario. Hay algunos alfiles y caballos que nos apoyan y están en nuestro equipo. También hay otros alfiles y caballos que sólo miran, que sólo critican, que sólo dicen lo que se pudo haber hecho, que cuando les tocó jugar, fueron parte del equipo contrario, el equipo que construye carreteras en zonas protegidas, el equipo que da permisos o promete escrituras a cambio de un voto».

Por su parte, las Comunidades Eclesiales de Base expresaron en su página de Facebook, luego de su acompañamiento en la asamblea ciudadana del martes 20 de octubre:

«El pueblo adquiere su mayor fuerza en su capacidad de organización, a unos cuantos meses que los políticos de siempre acostumbrados a vivir del erario público nos salgan a invadir con discursos gastados y sin fundamentos, como sociedad o pueblo debemos tener claro que es lo que necesita nuestro pueblo, buscar a personas que de verdad tengan un alto nivel moral y espiritual para ocupar las administraciones públicas. Tener en claro que los posibles candidatos que se están aliando con organizaciones que trabajan al margen de la ley que apoyan al comercio informal, grupos de talamontes, invasores, crimen organizado, todos estos candidatos que se les ve con ellos pidiéndoles sus votos, son un peligro para ocupar cargos públicos, ya que cuando llegan al poder no pueden aplicar la ley».

Y no les falta razón.

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