La justicia postergada
En Chiapas, la reapertura de tribunales y juzgados se ha postergado 14 veces desde el comienzo de la pandemia
Por Édgar Benítez Aguilar Publicado en Columnas y opiniones, Historias, Hoja legal en 14 octubre, 2020 3 Comentarios 8 min lectura
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La determinación del Gobierno Federal, en marzo de este año, fue evitar lo más posible las interacciones humanas grupales, excepto para actividades consideradas esenciales: el suministro de alimentos, la atención médica y el cobro de impuestos. La administración de justicia no entró en esa consideración. Los juzgados estatales y federales dejaron de prestar servicios el 18 de marzo de 2020. Hasta el 30 de septiembre, la apertura de juzgados se ha postergado hasta en 14 ocasiones. La fecha más reciente anunciada para la reapertura es el 03 de noviembre.

En agosto, los abogados comenzaron a ver la luz en el camino, cuando el Poder Judicial de la Federación perfiló la impartición de justicia en línea y, de igual forma, adelantó la apertura de tribunales federales con ciertos lineamientos sanitarios. Varias entidades emularon el manejo digital de la justicia y la apertura física con medidas de prevención. Fue el caso de la Ciudad de México, que abrió también juzgados y salas, con ciertas fricciones al inicio, pero libradas al paso de unas semanas, cuando comenzó a haber un mejor orden y coordinación en la actividad de litigantes y juzgadores.

Lo mismo se esperó que sucediera en Chiapas. No fue así.

Conversaciones comunes

De forma proporcional a la reducción de ingresos de los litigantes, aumentan las llamadas telefónicas que repiten, con justificada insistencia, «¿cómo va mi asunto?». La respuesta suele ser también la misma: «disculpe, pero volvieron a ampliar la suspensión de actividades jurisdiccionales, presuntamente hasta octubre. Y se rumora que podría ser hasta enero».

―Enterado licenciado. Espero que entienda que, hasta que reabran los juzgados, no podré cubrir sus honorarios. No puedo pagar sin recibir ningún servicio a cambio.

― Entiendo. Pero comprenda que el tema es ajeno a mí…

―Sí, igual a mí. Así que cuando reabran los juzgados, hágamelo saber.

Hay otro tipo de conversación cada día más habitual en el teléfono de los abogados litigantes: la de personas con un juicio en proceso, literalmente suspendido hasta nuevo aviso. Es imposible citarlas sin recurrir al insulto contra quienes toman la decisión de limitar, hasta quién sabe cuándo, el acceso a la justicia

Eso no sucede en todo el país, sino apenas en unas cuantas entidades; Chiapas, entre ellas. No hay argumentación lógica que alcance para dar una explicación, más que el abandono –por parte del Estado– de la responsabilidad de impartir justicia, avalado además por el Poder Legislativo de cada entidad.

El calvario del litigio chiapaneco

El 18 de marzo de 2020 fue emitido el Acuerdo General 03/2020, por virtud del cual se suspendían las actividades jurisdiccionales, donde presuntamente se establecían guardias para dar atención a casos urgentes. Esto es, de materia familiar (propiamente, el tema de pensiones alimenticias) y penal. En el caso de esa última, sin embargo, casi los únicos casos que presentaron algún grado de avance y hasta prontitud fueron los vinculados a la cúpula política1 o casos de flagrancia. De ahí en fuera, los demás están detenidos.

En cada una de las 14 ocasiones en que han postergado la reapertura de la actividad jurisdiccional, la suspensión se extendió hasta de forma absurda. Por ejemplo: publicaban la extensión un viernes antes de la fecha de reinicio señalada; es decir, si el acuerdo era retomar actividades el lunes 17 de agosto, el viernes 14 a las 4 pm publicaban la nueva extensión hasta el 1 de septiembre. Lo han hecho así en catorce ocasiones. La última, en la circular 15/2020 del 30 de septiembre, por la cual un día antes (otra vez) volvieron a postergar el inicio de actividades jurisdiccionales hasta el 03 de noviembre. No obstante, personal del Poder Judicial y abogados postulantes consideran que la dilación, realmente, continuará al menos hasta enero.

«¿Por qué la Ciudad de México y 25 estados más sí pueden garantizar el acceso a la justicia? ¿Porque quienes viven en esos estados sí pueden acudir a tribunales desde hace más de tres meses, y nosotros no?»…

Por favor, nótese que lo que se posterga no es cualquier cosa: es la aplicación de la ley. Desde agosto, 26 de los 33 circuitos judiciales –incluyendo el federal– ya estaban en operación. Solamente seis estados no lo hicieron así: Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. ¿Por qué? No hay una respuesta institucional. Pero el silencio es elocuente, pues demuestra el abandono sistemático del Poder Judicial en esas entidades.

En Chiapas, el titular del Poder Judicial es un actor político, no un magistrado de carrera judicial. Tal vez eso explique el poco interés que presta a la impartición de justicia. Equiparar, en los hechos, la actividad judicial con una actividad de índole burocrática es un razonamiento que sólo puede provenir de un administrador estatal, no de alguien que comprende la responsabilidad de la justicia para las personas.

Chiapas es la séptima entidad más poblada del país: cerca de 5 millones y medio de habitantes, a quienes no se les está garantizando uno de los derechos básicos de la democracia: acudir a un tribunal a defender sus derechos.

En el caso local, no se trata sólo de la operación de los juzgados, sino que además es, junto a Campeche, la segunda entidad más rezagada en actividad jurisdiccional de forma digital, como se aprecia en la siguiente tabla de Tojil y Transparencia Mexicana. Entre más espacios en blanco («No»), peor es la perspectiva:

Más aún: en los ocho meses de suspensión de actividades jurisdiccionales, Chiapas es la entidad más atrasada en tramitación para el impulso de los juicios.

A estas alturas, el tema ya es grave.2 Ahora mismo, mientras se hacen consultas populares para procesar judicialmente a expresidentes; mientras centros comerciales, cines, bares, restaurantes y, en general, cualquier actividad comercial se encuentra ya en abierta operación (desde luego, con ciertas restricciones y medidas sanitarias); mientras se hace todo eso y mucho más con la aprobación e impulso del Estado, en Chiapas no hay todavía fecha clara para garantizar a las personas el acceso a la justicia y la atención en juzgados, luego de catorce fechas postergadas.

¿Por qué la Ciudad de México y 25 estados más sí pueden garantizar el acceso a la justicia? ¿Porque quienes viven en esos estados sí pueden acudir a tribunales desde hace más de tres meses, y nosotros no? Repito: ¿por qué nosotros no? ¿Es que hay una condición inherente al lugar donde se vive que los chiapanecos no cumplamos y nos impida el acceso a la justicia? ¿O esa condición es, más bien, un tema de capacidad, imaginación y sentido de responsabilidad de quienes toman las decisiones en Chiapas?

El Boticario

Cocteles de autor.
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  1. Me refiero, por supuesto, al asunto del médico Yuca, así como al caso relacionado con la hija del gobernador, ambos en Chiapas.  (Regresar)
  2. Por cierto, no sólo el Poder Judicial del Estado anda mal en materia de atención en Chiapas. El Poder Judicial Federal de este vigésimo circuito labora a medio motor –aun a pesar de que, a dicho del personal, la digitalización ha tenido el efecto adverso de aumentar la carga de trabajo– e, incluso, ilegalmente, recorta horas para la presentación de escritos. Recojo el testimonio de un abogado (otros me confirmaron poco más o menos la misma situación):
    «El miércoles pasado, acudí a un juzgado a presentar una demanda. Llegué a las dos de la tarde y había una fila de siete personas antes que yo. Presumí que tardaría alrededor de hora y media en salir de ahí. Salí a las siete de la noche.
    »Los abogados que ahí estábamos en la fila sin podernos mover, aun cuando empezó a llover y no hay en dónde guarecerse, decíamos que parecía que en vez de recibir documentos nos fueran a dictar sentencia. Sólo así entendíamos el gran atraso. Cuando por fin logré llegar, había una persona recibiendo de muy mala gana en Oficialía de Partes. Le comenté que estaba por irme y regresar más tarde. Me respondió que lo más tarde que admiten documentos es a las siete y media de la noche. Le repliqué que conforme a la ley es hasta las 11:59 de la noche. De manera burlona me replicó: ‘pues ampárese, a ver cómo le va’».  (Regresar)

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  1. Es lamentable que el poder judicial de chiapas, no quiera invertir en sistema digitalizado para entrar en operaciones cno todas las medidas, como abogado no esta afectan gravemente en términos económicos y viola los derechos humanos de quienes buscan solución a los conflictos legales.

  2. El gremio litigante sufrió de manera insolita, es hora de cambiar los procesos de contratación, es hora de que los abogados litigantes muy necesitados de garantías preparen en futuro otra debacle.

  3. La ineptitud del Presidente del TSJ raya en lo indecible. No ha procurado resolver el problema implementando el sistema digital. Basta de tanto bla bla bla y se ordene ya el regreso el día 04 de Noviembre

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