El agua no cae del cielo II
Por Alberto Chanona Publicado en Crónica, Historias en 7 septiembre, 2020 Un comentario 36 min lectura
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SEGUNDA PARTE

El agua encuentra su camino. A través del aire, de la luz y de la roca, cerro abajo, por encima o debajo de la tierra, el agua encuentra su camino. Siempre.

Pero no es la única. El dinero también lo hace. Construye puentes. Abre puertas. Seduce. Cabildea leyes. Levanta ciudades o las tira.

He ahí dos fuerzas en conflicto. La Tierra, cuyos recursos hacen posible la vida, la humana entre las demás. Y la economía, sin la cual la mayor parte del mundo humano no se mueve un centímetro, sujeta como está a la oferta y la demanda, a la contribución fiscal y al empleo, al deseo y a la necesidad.

Es así en todos lados. Pasa con la minería en las reservas naturales, con el agronegocio en la Selva Lacandona y pasa también con la Coca-Cola en San Cristóbal de Las Casas.

Contradicciones y conflictos

En San Cristóbal, la percepción pública no favorece a Coca-Cola. Por un lado, porque es un poderoso icono del capital. (¿O hay algo más capitalista que un señor gordito, barbón, vestido de rojo, que destapa la felicidad en forma de juguetes y de azúcar? ¿Hay algo más opuesto que una lata de Coca Cola a ese otro señor gordito, barbón y también rojo, cuyo fantasma recorre el mundo, como aseguran quienes creen en fantasmas?). Y por el otro, porque abundan las pruebas de daños a la salud provocados por el elevado consumo de bebidas azucaradas.

Recientemente, por ejemplo, sin ir más lejos, el debate alrededor de las nuevas etiquetas de alimentos procesados volvió a poner sobre la mesa el tema de la obesidad, la hipertensión y la diabetes, como factores asociados, en México y Latinoamérica, a la letalidad del Covid-19. Tanto es así que motivó a Oaxaca a prohibir la venta directa de comida chatarra a menores de edad, una regulación que a pesar de las controversias que generó en la opinión pública, será tal vez el comienzo de una ola, pues ya otros estados (Tabasco, Tamaulipas y Sonora, por ejemplo) comenzaron a preparar iniciativas similares.


Cambio de hábitos. Foto: cortesía Cántaro Azul.

En Los Altos de Chiapas, esos mismos problemas de salud plantean una decisión ética respecto de recibir –o no– dinero donado por Coca Cola.

«Entiendo la posición ética de no aceptar ese dinero –dice Margarita Gutiérrez, responsable de Incidencia y Cambio Sistémico, en Fundación Cántaro Azul–. Pero también, si estamos aceptando que las industrias paguen, digamos, por servicios ambientales, esto sería algo semejante. La Coca lleva muchos años sacando agua. Este pago sería parte de la compensación del aprovechamiento del agua que ha hecho en esta cuenca. Es una decisión ética y es compleja. ¿Hasta dónde cada quien puede ceder y aceptar dinero de una empresa con la que no estamos de acuerdo?».

―¿Cántaro Azul aceptaría?

―No. Porque sería contrario al objetivo de Cántaro Azul: brindar soluciones para generar acceso a agua segura en comunidades rurales, en escuelas, en poblaciones vulnerables. Particularmente, en las escuelas, estamos muy enfocados en que las niñas y niños, la comunidad escolar en sí, consuman agua segura y adquieran hábitos saludables. El consumo de bebidas azucaradas va justo en contra de lo que estamos promoviendo. No podríamos aceptar recursos de una empresa que promueve las bebidas azucaradas.

La analogía de Margarita no es exagerada en el contexto legal mexicano. Porque las leyes mexicanas sí prevén, como dice, pagos ambientales de las industrias, lo cual no es otra cosa que validar su existencia y hasta la necesidad de que existan. Recientemente, la actividad de las refresqueras fue incluso considerada como «esencial» para la economía, casi al comienzo de la emergencia sanitaria por el Covid-19, en un acuerdo de la Secretaría de Salud.

Lo cierto es que cualquiera que sea el costo (ambiental, de salud, de derechos humanos), casi no hay actividad cotidiana donde la industria no juegue un papel. Desde el alimento que ponemos sobre la mesa, hasta el dispositivo donde escribo o lees esto. Si rastreas su origen, sin duda vas a encontrar contaminación, destrucción, violaciones a derechos humanos e incontables casos de violencia. Tal es el costo de habitar el mundo del modo en que lo hacemos, dependientes del capital que generan esas industrias. Hay soluciones, pero no sencillas.

En teoría, el papel de la ley es regular las actividades de la industria, tanto como proteger al medio ambiente y garantizar los derechos que puedan estar involucrados. Pero sus alcances suelen ser más bien confusos. Y en la práctica, ese papel llega a ser, muy seguido, apenas una foto borrosa.

Porque el arbitraje de la ley no siempre garantiza la neutralidad cuando surgen conflictos entre el derecho de las industrias y el de las personas. Tal vez, porque quienes hacen las leyes y las ejecutan son muy seguido también quienes dirigen las empresas. En el caso de Coca-Cola FEMSA, en México, quizá el caso más representativo sea el de Vicente Fox, exgerente de Coca-Cola y expresidente de México. O el de Roberto Campa Cifrián, ex procurador federal del consumidor, exsecretario del trabajo, exlegislador y hoy mismo director de Asuntos Corporativos de FEMSA, puesto donde sustituyó al exgobernador de Zacatecas, exdirector del IMSS y exsenador Genaro Borrego Estrada.

No es casualidad.

Aliados «clave», en la Cumbre de Fondos de Agua «No hay agua que perder», realizada en México en 2019. El agua en México, como en casi todo el mundo, ha sido tradicionalmente gestionada y administrada por sus usuarios: barrios y colonias que construyen sus propios sistemas de agua, personas que tienen un pozo en casa, campesinos y pequeños negocios, etc. Hoy, ese tipo de gestión debe ser registrada ante Conagua, si no se quiere estar fuera de la ley. De otro modo, Conagua podría suponer que esa agua está disponible y otorgarle una concesión a alguna industria: una minera, una granja porcícola, un negocio de palma africana, etc. Esto implica, pues, transferir la responsabilidad de Conagua a los usuarios más vulnerables. Según el programa de esta cumbre, participaron como ponentes representantes de Bimbo, Nestlé, FEMSA, etc. De los otros usuarios, que también toman decisiones en la gestión de su agua y que además son mayoría, no dice nada el programa. Puedes consultarlo aquí.

Dicho eso, ¿hay modo, entonces, de aceptar una donación por 40 millones de pesos, de una empresa refresquera, para solucionar una parte de los problemas de abastecimiento y saneamiento de agua que padece San Cristóbal de Las Casas?

Los babilonios y las torres

Los babilonios ya no quieren inundarse. A un gobernante se le ocurre entonces que la mejor solución es una torre, tan alta, que los ponga a salvo si ocurre otro diluvio. Así que ordena su construcción y reparte los contratos por asignación directa. En el proceso, aquí y allá, empiezan a surgir rumores y dudas sobre la efectividad de la torre y su propósito. Un rumor contradice a otro. Algunos pueden ser ciertos. Pero son tantos que ya nadie distingue. Es como si la gente hablara en distintas lenguas. Y a lo mejor sí. Como sea, la torre se vuelve tan problemática que no llega a ser concluida. Los constructores, entonces, la abandonan y se dispersan por la Tierra, en busca de nuevas asignaciones, contratos, gobernantes.

La torre de Babel, de Pieter Brueghel el Viejo.

Miles de años después, los constructores siguen combatiendo inundaciones con cosas como torres. La discusión tampoco ha parado y la supuesta efectividad de las torres como método contra las inundaciones no ha dejado de estar en duda. Pero ya hay quien ha empezado a sospechar de las motivaciones de los constructores y de los jefes de los constructores.

Los babilonios se siguen inundando. Y las goteras en la torre abandonada dan, francamente, miedo.

El caso Coca-Cola

Humedal en San Cristóbal de Las Casas. Foto: Jorge Aguilar Pinto.

Dos veces en años recientes, Coca-Cola FEMSA ha ofrecido donaciones a San Cristóbal de Las Casas para atender problemas relacionados con el agua: al final de la anterior administración municipal y al comienzo de la actual. La primera, una planta potabilizadora; y la segunda, 40 millones de pesos para construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) por humedal artificial.1 No lo consiguió en ningún caso, pues ni el ayuntamiento ni SAPAM aceptaron. Habría sido, en más de un sentido, digámoslo así, ganar la rifa del tigre.

Tal vez por eso no hubo consultas públicas ni foros abiertos convocados por ninguna autoridad.

«Lo que entiendo –dice respecto de la propuesta de planta de tratamiento Margarita Gutiérrez, responsable de Incidencia y Cambio Sistémico, en Fundación Cántaro Azul, una de las organizaciones con base en San Cristóbal que procura el acceso a agua segura en comunidades rurales, escuelas y poblaciones vulnerables– es que hubo reuniones bilaterales: Conagua con el ayuntamiento, la Conagua con FEMSA, el Ayuntamiento con FEMSA, el ayuntamiento con personas que se oponían a este donativo. Pero no una reunión donde estuvieran todos los actores implicados, que pudieran tener una discusión seria, técnica, para llegar a algún tipo de consenso».

Es cierto. La discusión no ocurrió por las vías deseables. Pero aun así hubo más o menos acuerdo social, a través de la radio y redes sociales, en que no podía aceptarse una planta de tratamiento que implicara construir un humedal artificial sobre un humedal natural.

Los humedales artificiales son sistemas que suelen funcionar con muchos menos recursos que otro tipo de plantas de tratamiento. Por eso, resultan más viables en países con recursos limitados. Su problema es que requieren mucho espacio, algo que San Cristóbal tiene cada vez menos, dado su descontrolado crecimiento urbano. La planta de tratamiento ofrecida por Coca-Cola proyectaba una capacidad de 43.4 litros por segundo, de los 700 l/s de aguas residuales de San Cristóbal. Es decir, alrededor de 6 por ciento de lo que habría sido necesario para tratar el volumen total, lo que al final no resolvería de forma significativa el problema de las aguas residuales. Se habrían requerido unas 15 plantas similares, en 15 áreas. En una ciudad con poco terreno disponible.

Sistema de tratamiento de aguas residuales sanitarias basado en humedales artificiales, en Zapopan, Jalisco. Foto: cortesía CIATEJ.

Más aún. El espacio elegido para construir la planta de tratamiento es un sitio Ramsar y área natural protegida: el humedal de María Eugenia.

Juan José Rodrigo Hess Poo, coordinador del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, dice que la elección del humedal María Eugenia obedeció únicamente a criterios ambientales y de protección. Porque en tiempo de seca, ese humedal «está en estrés hídrico, sufriendo las consecuencias del abatimiento de agua».

«El agua que baja por el Navajuelos ha ido disminuyendo hasta el punto de que no escurre ni una gota de agua en el arroyo. Si hacíamos una planta que usara el cinco por ciento de superficie del humedal, para tratar el agua y regresarla al humedal, salvamos al humedal, porque lo volvemos a hidratar. Un humedal debe tener agua suficiente todo el año, para que las plantas se desarrollen y cobije la vida animal también».

Es probable que sea así. Se trata de un área sometida durante años a la presión de propietarios y compradores de terrenos, que han rellenado y hasta construido de forma irregular.

No obstante, es difícil ignorar que ese humedal cuenta con declaratoria de la sociedad civil como «lugar sagrado». Grupos ambientalistas de la ciudad han luchado durante años, además, por protegerlo, haciendo reclamos constantes a, prácticamente, todas las autoridades responsables, en los tres niveles de gobierno. Esto es: se trata de un lugar sagrado por declaración y por su historia reciente. Entonces, sin socialización y aceptación previa, explícita, del proyecto de planta de tratamiento en ese lugar, ¿había manera de no leer la elección del sitio como poco menos que una afrenta?

Celebración del quinto aniversario de la declaración del humedal María Eugenia como «Lugar sagrado».

Pronatura, la organización que propuso la ejecución del proyecto, pareciera no haberse enterado de ese contexto. Y sin embargo, en su carta de exposición del proyecto enviada a la actual alcaldesa Jerónima Toledo, la directora de Pronatura México,2 Katherine Gregoire, expone que:

«A la fecha, continúan los trabajos de sensibilización a la sociedad y esperamos que el H. Ayuntamiento, que preside, sea líder y valioso aliado para este fin».

¿A qué campaña de sensibilización se refería entonces? ¿Hicieron alguna, conocieron la situación y aun así resolvieron que ése era el mejor lugar para realizar un proyecto como el que proponían?

El Comité de Cuenca del Valle de Jovel quizá habría podido decir algo al respecto. Pero los grupos ambientalistas del municipio acusan que hace años el organismo dependiente de Conagua no cuenta en sus reuniones con la representación de todas las organizaciones de la sociedad civil, ni aun de la academia y el ayuntamiento. Varios de sus representantes no asisten ni son convocados a sus reuniones.

Por ejemplo, Alma Rosa Rojas, integrante del Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (Cepazdh), dice:

«Nosotros, las organizaciones que estábamos y salimos del Comité de Cuenca, decimos que ya no existe el Comité de Cuenca. Es Rodrigo Hess Poo y Pronatura. Pero no hay asambleas ni reuniones oficiales desde hace mucho tiempo. No. Creo que hubo una en diciembre del año antepasado [2018], cuando recién asumió Jerónima Toledo la presidencia municipal. Precisamente, convocaron a asamblea del Comité de Cuenca para que Coca-Cola presentara el proyecto de la planta tratadora. En el orden del día dice que iba a estar la Presidenta [Jerónima Toledo] y Lemus [director de Ecología municipal], como parte del municipio, y todas las instituciones que son parte del Comité. Porque las instituciones también son parte del Comité de Cuenca. Son 50 por ciento instituciones de gobierno (municipales, estatales, federales) y 50 por ciento sociedad civil, con participación de diferentes sectores de usos de agua: industrial, uso agrícola, uso urbano, organizaciones con vocación ecológica, etcétera. Entonces, convocaron a asamblea para presentar el proyecto.

»Son las instituciones las que llegan. Al final, el gobierno: Bienestar, INPI, SEMANH, Secretaría de Desarrollo, etcétera. Y de organizaciones, obviamente, llega Pronatura e invitan a otras que no son del Comité de Cuenca. Pero no hay un acta de nombramiento, de renovación del Comité de Cuenca. El acta sigue siendo la misma de 2007 y no ha habido una renovación del Comité. Sigue siendo Rodrigo el coordinador desde hace 13 años. Por eso decimos que no vale. Ya no estamos las organizaciones que, de alguna manera, empujábamos. No está tampoco la parte académica, que ese tiempo era Edith Kauffer y Antonino García, y otros compañeros de Ecosur y de la Unich y la Unach. Ellos también dejaron de asistir, exactamente, por lo mismo. Entonces, ni la parte académica ni las organizaciones de la sociedad civil participamos ya en el Comité de Cuenta. Es un Comité a modo, en donde Rodrigo invita a gente que es su aliada, que es su amiga y a las instituciones que, obviamente, avalan y respaldan todo lo que Conagua diga. Los representantes de las instituciones sólo van a hacer presencia. No proponen. No cuestionan. Y ni siquiera asisten los titulares: mandan al secretario del secretario del secretario. Al final, llegaban a las reuniones sin idea de lo que se iba a tratar. Es una participación que no funciona. Van nada más a levantar el dedo».

Otros ambientalistas del municipio también señalan verticalidad y falta de representación de la sociedad en el Comité de Cuenca. Y consideran que es promovida por Conagua, a la que responsabilizan de «ahorcar» a la mayor parte de los consejos y comités de cuenca del país, de modo que su existencia sea sólo de papel. Como cascarones vacíos.

Por su parte, Rodrigo Hess Poo, coordinador del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, argumenta que el organismo debe ver y mediar por todos los tipos de usuarios. No sólo los de la ciudad. Porque, dice, se trata de la cuenca. Y la ciudad es apenas una parte de la cuenca.

«En principio –dice Hess Poo–, tenemos todos los [votos] institucionales, que siempre llegan a las reuniones, por fortuna. Tenemos a los representantes de la sociedad, como lo manda la ley. Están los usuarios comerciales. Están las organizaciones sociales de diversa índole. Y está la población de la ciudad. Pero estamos hablando de la cuenca, no sólo de la ciudad. Entonces tenemos también campesinos, gente que riega. No se trata de un ejercicio democrático las reuniones del Comité. Nunca fue la intención. Es, más bien, un ejercicio participativo. Lo que se requiere es conocer la problemática de la cuenca de todos los actores posibles: ¿cómo viven los problemas del agua los hoteleros, las instituciones, la academia….?

»Por ejemplo, en el caso de la ciudad, aunque sean 200 mil habitantes, pues podrá haber una diferencia de tesitura entre los que tienen más y los que tienen menos, pero en general es una aproximación a los problemas del usuario urbano del agua. Aunque sean 200 mil, es prácticamente la misma. La discusión eterna es que hay organizaciones que, como tienen una representación social y mueven, digamos, a ocho colonias, entonces [dicen] ‘necesito tener el 30 por ciento de los votos’. Son argumentos que buscan controlar la estructura en función de sus intereses, no para encontrar soluciones. Ésa es la diferencia de visión que tenemos. Nunca aceptaron esta limitación, generada en el Comité, que disminuya sus posibilidades de mayoriteo».

Cualquiera que sea el caso, al final, no fue sólo que construir un humedal artificial sobre uno natural sonara a «meter agua sucia al agua limpia», sino sobre todo que no existían las condiciones sociales para aceptar esa propuesta, así planteada.

En un trabajo publicado por la revista Sociedad y Ambiente, de Ecosur, el investigador José de Anda Sánchez, del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), señala que:

«Es necesario considerar cinco factores más que afectan directamente en el desarrollo sustentable de un proyecto de abastecimiento de agua potable o saneamiento de las aguas residuales (McConville y Mihelcic, 2007):

(1) el respeto sociocultural,
(2) la participación comunitaria,
(3) la cohesión política,
(4) la sustentabilidad económica y
(5) la sustentabilidad ambiental».

Si tomamos esos criterios como medidas de valor, ninguno favorecía al proyecto de la planta de tratamiento. El solo origen de los recursos (Coca-Cola FEMSA) generaba demasiado ruido.

En la percepción pública que predominó, el donativo no significó nunca la emoción de resolver un problema. Porque la empresa representa más, mucho más, un conflicto de salud pública y de principios.

Aritmética vs la opacidad

Las decisiones y estrategias suelen estar mejor orientadas cuando hay datos disponibles e información transparente. Pero en todo lo que rodea a Coca-Cola o, para el caso local, a FEMSA, la información hay que obtenerla cruzando datos de aquí y de allá, yendo y viniendo de leyes y reglamentos que se refieren y despistan unas a otras, resolviendo fórmulas matemáticas (cuesta imaginar a los legisladores que uno conoce entendiendo esas fórmulas, por cierto) y haciendo solicitudes de información que a la larga resulta «reservada», como si de ello dependiera la seguridad de la nación.

Información negada por el SAT y Conagua a la investigadora Laura K. Jordan, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social (CIESAS), para su tesis de maestría El problema de la responsabilidad social corporativia: la empresa Coca-Cola en Los Altos de Chiapas. (Consulta aquí).

A fin de escribir esto que ahora lees, intenté contactar a Coca-Cola para preguntarle por sus impuestos y los empleos que genera. Por un momento, sorprendentemente, casi pareció que conseguiría una respuesta. También quise contactar a Conagua, cuyos datos públicos de contacto quizá la pandemia volvió inútiles. Asimismo, traté de obtener informes anuales y minutas de las reuniones del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, pero su sitio web aparentemente está en reconstrucción o no aparecen las minutas ni los informes.

Así, pues, me limito a señalar algunas proporciones, con los datos disponibles, para entender mejor de lo que hablamos cuando hablamos de Coca-Cola FEMSA.

Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos estableció que, hasta 2019, la cuota por cada metro cúbico de agua extraída del subsuelo era de $2.2396 (2 pesos con veintitrés centavos), en zonas de disponibilidad subterránea 4, en una de las cuales estaría San Cristóbal de Las Casas. Así tenemos que, si la empresa refresquera extrae 419 774.30 m3 anuales de sus dos concesiones en este municipio, entonces pagaría por ellas:

$940 126 anuales.

Parece poco para una empresa que, según su Informe integrado 2019, reportó ese año a sus accionistas un volumen de ventas por 194 mil 471 millones de pesos, en nueve países (México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina), como resultado de las ventas de 3 mil 369 millones de cajas de unidad.3

Imagen del Informe integrado 2019 Coca-Cola FEMSA.

Ahora bien, de ese total, sólo en México, la empresa obtuvo ganancias de poco más de 106 096 millones de pesos.

Si los dos pozos de la refresquera en San Cristóbal representan 1.82 por ciento del volumen total que tiene concesionado en el país, entonces esa planta local de la empresa produciría una ganancia anual y proporcional de 1 mil 930 millones 948 mil 680 pesos.4

Es decir, la planta de Coca-Cola en San Cristóbal generaría un volumen de ventas por casi 2 mil millones de pesos. A cambio, pagaría al Estado mexicano, por concepto de aprovechamiento, 0.048 por ciento de esa cifra ($940 126). Cada año.

Oye, espérate: ¿y sus gastos?

No soy matemático ni economista. Por eso, cuando terminé de hacer y verificar ésas y otras operaciones con los datos que hallé disponibles, consulté el apartado anterior con un amigo que entiende más que yo de números. Me confirmó que si los datos eran correctos, mis cuentas también lo eran.

Pero eso no fue todo lo que mi amigo respondió. Le pedí permiso para reproducir aquí el resto de lo que me dijo:

Es claro que sus ganancias son mucho menos, y habría algo de injusto en sólo demostrar las ganancias y no los gastos. ¿Cuántos empleados tienen? ¿Cuál es la calidad de esos empleos? ¿Cuántas familias mexicanas dependen de la empresa: embotelladores, mercadólogos, estibadores, repartidores, mecánicos…?

En una tienda, una botella de agua de medio litro me cuesta 8 pesos. Por la misma cantidad, podría rellenar mi garrafón. ¿Por qué no cargo mi cantimplora? ¿Por qué compro refrescos diariamente, si tanto mal hace su exceso?

¿Si se lograra que las industrias pagaran más por el agua, eso se reflejaría en algún beneficio social? ¿Si Coca-Cola se fuera de San Cristóbal o de México, habría un beneficio social?

Hay un punto en eso. Y es controvertido. Vayamos allá entonces.

El pago al Estado de 0.048 por ciento de sus ganancias representa apenas el costo de la concesión. En mayo de este año, se dio a conocer que FEMSA liquidó al Sistema de Administración Tributaria (SAT) 8 790 millones de pesos de adeudos atrasados.5 No se precisó el desglose de la cifra. Por tanto, tampoco se sabe a cuántos ejercicios fiscales correspondería el pago, para incluirla en estas cuentas.

Como sea, al pago por aprovechamiento de agua le faltarían impuestos y gastos operativos: ISR, energía eléctrica, mantenimiento del parque vehicular, combustible… Y el más importante de todos, la bandera que se apresuran a señalar gobiernos y empresas cada vez que se sienten cuestionados sobre sus decisiones y actividades: los empleos.

La opinión pública sobre el tema no suele tomar en cuenta a las familias cuyos ingresos dependen de la empresa. No se sabe si alguno de los tres niveles de gobierno plantearía un plan económico o jurídico laboral para apoyar a esas familias a superar el desempleo si, como pidió el síndico municipal a Conagua, le fueran revocadas las concesiones locales a Coca-Cola. El tema no es siquiera mencionado al paso con algún grado de seriedad. Y los empleados de la refresquera no son las únicas personas que habría que incluir en la conversación sobre la búsqueda de soluciones a los problemas que aquejan a San Cristóbal. Otro tanto son los trabajadores de las minas de arena, por ejemplo. Es obvio, ahí también, que debe hacerse algo (y pronto). El problema es qué y cómo enfrentar los efectos económicos de cualquier decisión.

En cuanto a Coca-Cola, tampoco es todo lo clara que debería en ese aspecto. Tal vez porque responder con claridad implicaría, necesariamente, iniciar una discusión sobre derechos laborales, seguridad social, fondos para jubilaciones, jornadas laborales, horas extras, outsourcing y varios etcéteras que, en general, provocan, digamos, incomodidad a las empresas.

Le pregunté a Coca-Cola FEMSA por los datos que he vaciado en este trabajo. En especial, por el número de empleos directos e indirectos que generaba Coca-Cola FEMSA, KOF y/o Inmuebles del Golfo, en la planta de San Cristóbal de Las Casas. Sé que recibieron la solicitud de información, porque enviaron señales. Al final, sin embargo, no respondieron.

Traté también de contactar a trabajadores de la planta, para recoger su percepción del problema como parte de la comunidad. Ninguno quiso hablar conmigo por temor a perder su empleo, aunque sí me dejaron saber que son conscientes del rechazo que genera la empresa en la opinión pública.6

No obstante, en términos generales, el Informe integrado 2019 de Coca-Cola FEMSA afirma que ese año destinó $30 561 mdp, a «salarios y beneficios a empleados», para sus actividades en nueve países latinoamericanos.7

Imagen del Informe integrado 2019, de Coca-Cola FEMSA.

Si nuevamente utilizamos esa cifra y la cruzamos con los ya mencionados porcentajes que representan para Coca-Cola FEMSA el mercado mexicano (54.55 por ciento) y las dos concesiones locales (1.82 por ciento), tendremos que Coca-Cola aportaría $303 412 664 pesos anuales a la economía de San Cristóbal de Las Casas.8

Ese mismo 2019, el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas asignó al municipio de San Cristóbal una cifra apenas algo mayor: $369 679 089.60.

Pesos y sobrepeso

En México, la diabetes mellitus es la segunda causa de muerte (algunos años llega a ser la primera, junto con las enfermedades del corazón). Pero no siempre fue así. En la década de los 70 del pasado siglo, no aparecía en los cinco primeros lugares. En los 90 ya ocupaba el cuarto puesto y después del 2000, no ha dejado de estar siempre en uno de los primeros dos lugares entre las causas de muerte del país. Pero los problemas de salud cuyo origen es la mala alimentación no llegan espontáneamente. Vienen de mucho más lejos que una tiendita, de allá donde se toman las decisiones y se construyen las reglas del juego de la economía y la sociedad.

«Hay una deriva del capitalismo de los años ochenta que se topa con impedimentos legales. Es el caso de la industria agroalimentaria, al que pertenece Coca-Cola-FEMSA… Los años 80 y 90 son un periodo en que se encuentran, por todos lados, impedimentos legales que les permitan vender excedentes en todo el planeta. Lo que debían encontrar era una forma de pasar por alto esas legislaciones», explica la investigadora Ana Valadez Ortega, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam).

Al parecer, en el caso mexicano, una forma de librar los impedimentos legales fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No pocas fuentes (algunas de ellas registradas aquí o aquí, por ejemplo) identifican al TLCAN (hoy TMEC) como el principal responsable de abrir una compuerta: la que inundó el mercado mexicano de alimentos procesados. Porque el modelo de negocios de empresas como Coca-Cola FEMSA es, por un lado, controlar los recursos de donde provienen sus insumos (el agua, por ejemplo, pero también el jarabe de maíz de alta fructosa, que jugó un papel en la crisis de la industria cañera del país) y, por el otro, la saturación del mercado.

Respecto de eso último hay que decir que todos esos productos se consumían ya en México desde antes de que se convirtieran en un problema de salud pública. Lo que aumentó fue su cantidad y disponibilidad, a través de producción excesiva, la multiplicación de tiendas de conveniencia y las prácticas casi monopólicas, sometido todo eso a una regulación, en general, laxa. Al final, la lógica del capital: crecer, crecer, crecer. Infinitamente.

Hace unos años, en su investigación «Kilos de más, pesos de menos: los costos de la obesidad en México», el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) calculó que sólo la diabetes, asociada a sobrepeso y obesidad, le costaba a México «entre 82 y 98 mil millones de pesos que equivalen a 73% y 87% del gasto programable en salud (2012)». Detalla el centro de investigación:

«De esta cifra, 73% corresponde a gastos por tratamiento médico, 15% a pérdidas de ingreso por ausentismo laboral y 12% a pérdidas de ingreso por mortalidad prematura… Estimamos que cada año se pierden más de 400 millones de horas laborables por diabetes asociada al SPyO [sobrepeso y obesidad], lo que equivale a 184,851 empleos de tiempo completo. Esto a su vez representa el 32% de los empleos formales creados en 2014.

Una estrategia que atienda el problema de salud pública y de derecho al agua debería incluir la creación de empleos, a fin de reducir la dependencia a estas empresas. Esto es, emancipar a la economía local.

¿Qué decir frente a eso?

Sea que queramos un mundo donde Coca-Cola no exista o uno donde su consumo no adquiera, al menos, las dimensiones que tiene hoy en términos de salud, con toda probabilidad las soluciones tendrán que venir desde distintos frentes: leyes y reglamentos, campañas de educación, una apertura real (no simulada) de los organismos reguladores a la participación ciudadana y mucha disposición a aceptar que el mundo está cambiando. Como lo ha hecho desde siempre, a lo largo de la historia. Aunque no siempre sea claro hacia qué rumbo.

El amigo que me ayudó a confirmar la validez aritmética de las cuentas realizadas en este trabajo, concluyó su respuesta con una broma sobre el intento del Che Guevara, como ministro de Industria, de replicar el sabor de Coca-Cola en una gaseosa cubana.

Un caso similar fue tema de conversación hace poco más de una década, cuando se criticó la venta de las aguas negras del imperio en los caracoles zapatistas. El tema mereció una reflexión, motivada por la adicción al azúcar tal vez, pero que vale la pena leer completa: «Preguntas y respuestas como caminos. (Frente a una lata)». Porque como dijo en aquella ocasión el subcomandante Marcos:

«Frente a esta lata de refresco se pueden tomar varias posiciones».

Si eso es cierto, lo mínimo que podemos hacer es ponerlas todas sobre la mesa de la discusión pública.

Sin trampas.

[Lee aquí la primera parte de El agua no cae del cielo]

El texto de esta crónica es publicado bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 (CC BY-SA).


El Boticario

Cocteles de autor.
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  1. Según el coordinador del Comité de Cuenca del Valle de Jovel, Rodrigo Hess Poo, a los 40 millones de pesos ofrecidos en donación por Coca-Cola FEMSA, habrían podido sumarse otros 40 mdp extras, a través de Conagua  (Regresar)
  2. En su tesis de maestría, El problema de la responsabilidad social corporativa: La empresa Coca-Cola en Los Altos de Chiapas, la investigadora Laura K. Jordan habla en una parte sobre los orígenes de la desconfianza que despierta entre diversas organizaciones ambientalistas la alianza de Pronatura y Coca-Cola FEMSA:

    «La alianza con esta organización no es gratuita: desde el momento de su fundamento en 1981, Pronatura mantiene una relación especial de apego con Coca-Cola FEMSA. Andrés Sada Zambrano –integrante de la familia FEMSA– es uno de sus fundadores, y la Presidencia y Dirección de la asociación les han tocado a varios miembros [de] los clanes Sada y Zambrano… En Los Altos de Chiapas, estos dos factores –la simpatía básica que Pronatura le tiene a FEMSA, así como su orientación conservacionista– se combinan para producir un conflicto de intereses que se ha criticado como una conservación ‘viciada’. Desde hace pocos años, Pronatura mantiene una reserva ecológica de 102 hectáreas en el cerro de Huitepec, arriba de la planta de Coca-Cola en San Cristóbal –una ubicación decididamente estratégica, ya que protege el abasto de la materia prima (el agua) de su empresa afín (García García, 2005; Jordan, Laura, 2007; Valadez, 2007)».  (Regresar)
  3. Caja unidad = 24 porciones de 8 onzas de bebida terminada, según el informe referido. Esto significa que una caja unidad equivale a 5.67 l. Entonces, el volumen de ventas reportado en 2019 correspondería a 19 102 230 m3 de líquido envasado y vendido.
    OJO: esa última cifra plantea varias preguntas. Por ejemplo, esos 19 millones de m3, correspondientes al líquido vendido en nueve países latinoamericanos, no están tan lejos de los poco más de 23 millones de m3 totales que se le permiten extraer legalmente a FEMSA, a través de 87 concesiones, sólo en México. Pero tiene otras concesiones en los ocho países restantes que constan en su informe. Así que el volumen total de agua que extrae de Latinoamérica debe ser mayor. ¿Dónde está ese excedente? Una posibilidad es que la empresa no extraiga agua hasta los límites que le permite la ley. Otra es que sí lo haga y, aun cuando no la venda toda, le sirva para inundar el mercado. No sería raro. Tal es y ha sido parte de la estrategia de FEMSA de por sí. Lo hizo con las tienditas al impedirles vender otras marcas y, cuando esa ruta ya no funcionó, lo hizo otra vez imponiendo sus propias tiendas de conveniencia. Dos opciones más que podrían explicar el excedente desaparecido es que no lo esté reportando todo en sus informes; o que deseche más agua de la que le gusta aceptar cuando habla de que devuelve «el 100 por ciento del agua que utilizamos en la elaboración de nuestros productos». Hay serias dudas al respecto. Pero ni la empresa ni el Estado parecen muy interesados en responder nada.  (Regresar)
  4. Hagamos matemáticas. Éstos son los datos:
    A) Las ganancias reportadas a sus socios por Coca-Cola FEMSA en 2019 son de 194 471 millones de pesos, habiendo vendido 3 369 millones de cajas unidad.
    B) Con 1 838 millones de cajas unidad vendidos en territorio mexicano, el país representa, aproximadamente, 54.55 por ciento del mercado de los 9 países latinoamericanos reportados en el Informe integrado 2029 de Coca-Cola FEMSA. Es decir, 106 096.081329 millones de pesos.
    C) Los dos pozos de Coca-Cola en San Cristóbal de Las Casas representan apenas 1.82 por ciento del total de concesiones otorgadas por Conagua a 8 de 10 embotelladoras declaradas por Coca-Cola México en su sitio web. (Por razones prácticas, porque faltan datos de las dos restantes, tomemos esas 8 como el total).
    D) El 1.82 por ciento de $106 096.081329 son 1 930 millones 948 mil 680 pesos. Esa cantidad es la estimación proporcional de ventas que produciría a la empresa el agua concesionada de dos pozos, en San Cristóbal de Las Casas.  (Regresar)
  5. El presidente López Obrador informó en abril que existía una lista de al menos 15 grandes contribuyentes con adeudos al fisco por 50 mil millones de pesos. Cobrar esos adeudos ha sido, sin duda, un respiro para la recaudación durante la crisis económica causada por el coronavirus.  (Regresar)
  6. La citada investigación de Laura K. Jordan, para su tesis de maestría en CIESAS, topó también con el reparo de los empleados de FEMSA en San Cristóbal para hablar del tema. Lo consiguió, sin embargo, en un caso que muestra la relación de amor-odio que a veces establecen los trabajadores con sus empleadores. Por una parte, gratitud ante lo que su entrevistado interpretaba como superación personal y laboral y, por otra, su conflicto con las presiones a las que se sentía sometido para alcanzar las metas financieras de la refresquera.  (Regresar)
  7. Tal vez alguien con conocimientos de economía tenga modo de precisar mejor los datos, si completa los del informe de Coca-Cola FEMSA con el de FEMSA, que puede consultarse aquí: http://www.informeanual.femsa.com/ValueCreationHighlights.html  (Regresar)
  8. Atención: no afirmo que ésa sea la derrama económica real, vía empleos, que genera Coca-Cola en el municipio. Puede ser menos o más. Porque tal vez en algunos lugares y para ciertos puestos, por ejemplo, la empresa pague más a unos empleados que a otros. La enorme desigualdad del país tiene su origen, precisamente, en los centros empleadores, donde el salario mensual de un puesto directivo bien podría ser de, digamos, $80,000 y el de un obrero, de $800 semanales. Así pues, la cifra a a la que llegué, sobre la derrama económica de empleos en el municipio, representa apenas un acercamiento proporcional. La infiero, repito, al cruzar datos de tres fuentes:
    + Las cifras del Informe integrado 2019 de Coca-Cola FEMSA.
    + El porcentaje que representan las ventas en México de FEMSA Coca Cola (54.55 por ciento).
    + El porcentaje proporcional de los dos pozos concesionados (1.82 por ciento) del total de agua de las 87 concesiones que tiene la refresquera en el país, a través de ocho embotelladoras.  (Regresar)

Agua Coca Cola Comité de Cuenca del Valle de Jovel Conagua FEMSA Planta de tratamiento de aguas residuales Pronatura PTAR San Cristóbal de Las Casas


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