Chiapas, sin títulos ni cédulas
Miles de egresados no pueden tramitar su título ni cédula profesional
Por Édgar Benítez Aguilar Publicado en Historias, Reportaje en 10 agosto, 2020 2 Comentarios 16 min lectura
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Un día de mediados de octubre de 2018, Carlos presentó su examen profesional. Fue un día especial, recordado hasta hoy en las fotos que una pared de la casa familiar, en Villaflores, exhibe con orgullo a los visitantes. Carlos fue el primer universitario graduado de su familia, cuyos ingresos dependen de la siembra, cosecha y venta de sorgo, maíz y calabaza.

Como es de imaginar, para sus padres, enviar a Carlos a la universidad no resultó sencillo. Los 5 mil pesos que podían mandarle cada mes alcanzaban, apenas, para cubrir la colegiatura, el hospedaje y los alimentos. Pero Carlos siempre fue trabajador. Buscó empleo enseguida, para apoyar a sus padres con los gastos que su proyecto de vida generaría. A lo largo de cinco años, trabajó así como mesero por las noches, en una taquería del municipio conurbado de Terán. Otras veces, también, como chofer de un taxi que tenía el dueño del cuarto que rentaba. Su poco tiempo libre, Carlos lo empleaba en estudiar y dormir. Aun así, con la solidaridad de sus compañeros, en el aula y el trabajo, y también de algunos maestros, Carlos logró llegar hasta el último año de la licenciatura, cuando su esfuerzo comenzó a dar frutos. Al ver que en contra de todo pronóstico, Carlos estaba por concluir de manera satisfactoria la carrera, un profesor suyo le ayudó a conseguir un puesto de bajo nivel, pero con ingreso seguro, como oficinista en una dependencia del gobierno estatal.

Todo parecía mejorar. Incluso el clima, el día de su examen profesional –relata Carlos–, fue benigno. La foto que le tomaron al final del examen, que aprobó con algo más que suficiencia, lo muestra feliz, sonrisa resplandeciente, traje y zapatos nuevos. Para celebrar que su hijo al fin era abogado, su mamá encargó un borrego horneado con una vecina.

—¡Ya es abogado, doña Esther, a-bo-ga-do! –le dijo a doña Esther don Pedro, el papá de Carlos, cuando fue a recoger el borrego para el comidón y la fiesta.

Carlos se acuerda de todo eso con una sonrisa de sarcasmo. Porque a partir de ese momento, lo que había sido una carrera en ascenso, un paso adelante y otro y otro más, durante cinco años, de pronto se estancó, para convertirse en un pozo seco. Un vado demasiado ancho, dice.

Por alguna reestructuración, el puesto de Carlos estaba por desaparecer. Por fortuna, le dijo su jefe, podía ofrecerle un nuevo cargo, con una condición que exigía la ley: que obtuviera cuanto antes el título y la cédula.

—¡Sin problema, jefe! –le respondió.

En la universidad le habían dicho que en un par de meses, a lo mucho, tendría al fin su título y cédula profesional.

«Un par de meses, ja», repite ahora Carlos con sonrisa amarga. Exhala. Sus ojos se amargan y su mente parece buscar consuelo en algún otro lugar del mundo. Tal vez uno donde la cédula no es necesaria ni el título imprescindible para encontrar trabajo como abogado. Un mundo como el que tuvo antes, donde bastaban las ganas de trabajar y el esfuerzo para alcanzar lo que se propusiera: un mejor empleo y hasta un coche para llevar a sus padres a pasear, como les prometió al graduarse.

—México no es así. O cuando menos, Chiapas no lo es –dice con un dejo de amargura y cansancio.

Carlos lleva más de año y medio tratando de conseguir su título y cédula. No puede. Pero la razón no es atribuible a él, sino a la Secretaría de Educación Pública del Estado, cuya falta de voluntad para respetar la ley y construir una plataforma electrónica impide a los miles de egresados de 459 instituciones educativas de la entidad, que cuentan con Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOEs) de índole estatal, obtener su cédula profesional y/o título profesional. La omisión, por desgracia, no es nueva. Es arrastrada desde el sexenio del hoy senador Manuel Velasco Cuello y sostenida por el gobierno actual, encabezado por Rutilio Escandón.

Se trata apenas de un trámite. Pero basta para que los egresados de escuelas privadas con RVOES estatales no encuentren trabajos de calidad. Para mantenerlos estancados en vados demasiado anchos. Y absurdos.

¿Qué es el RVOE?

Para ofertar cualquier licenciatura, toda universidad mexicana debe contar antes con un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), que entre otros aspectos apruebe las materias, el plan de estudios, la duración del curso, etc. El RVOE puede ser expedido por la SEP federal, o bien, por sus equivalentes estatales. Según la propia Secretaría de Educación Pública Federal, ambas maneras tienen el mismo efecto legal. La única diferencia es que cualquier trámite administrativo por parte de la universidad –desde un cambio de plan de estudios hasta la obtención de las cédulas profesionales– deberá ventilarse ante la secretaría federal o estatal que le corresponda, según dónde haya obtenido su RVOE para la licenciatura en cuestión.

Esto ha dado lugar a que una universidad pueda tener un RVOE estatal para, por ejemplo, una licenciatura de Administración de Empresas, mientras que para la licenciatura en Derecho, el reconociminto pueda ser federal, o viceversa. En general, las universidades con planteles en diversas entidades optan por adquirirlo con la federación. Buscan así ahorrar tiempos y tener criterios de validación homogéneos.

En Chiapas, la Unach, la Unicach, la Universidad Politécnica y todos los Institutos Tecnológicos, gozan de autonomía. Por tanto, no necesitan que la SEP les autorice o valide sus títulos, sino que realizan el trámite directamente ante la Dirección General de Profesiones. Ésa es la razón de que los egresados de esas instituciones puedan obtener sus cédulas sin mayor problema. Por su parte, los egresados de la Universidad del Valle de México (UVM) y Escuela Bancaria y Comercial (EBC) tampoco tienen mayor problema, pues sus RVOEs son de índole federal. Lo mismo pasa con buena parte (no todas) de las carreras ofertadas por la Universidad del Sur. Pero en lo que respecta a la Universidad Salazar, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Pablo Guardado Chávez, la Universidad Fray Bartolome de las Casas y la Universidad Maya, por mencionar unas cuantas, la historia es lo más parecido a un calvario. Un pozo vacío, donde ni el eco da respuestas.

Según los responsables de esas instituciones, la obtención de un RVOE puede tomar de dos a cuatro años, dependiendo de las contingencias de la burocracia que deban sortear. Ésa es la razón de que quienes ya lograron obtener uno a través de la SEP estatal eviten reiniciar el trámite ante la SEP federal. No obstante, ante la inoperancia de la institución local, quizá sería aquélla una vía más rápida para ayudar a sus egresados a tramitar los títulos y cédulas que reconozcan, oficialmente, su esfuerzo.

El problema

El 05 de abril de 2018 –año electoral en Chiapas– fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a la Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional. Entre otros aspectos, se reguló que a partir de octubre de ese año, la tramitación de cédulas se realizaría, forzosamente, por vía digital. Es decir, mediante el llenado de datos en una plataforma electrónica diseñada por parte de la SEP federal y/o estatal. El propósito era obvio: reducir enormemente el trámite administrativo a realizar, para beneficiar sobre todo a los estudiantes del interior de la república, quienes ya no se verían en la necesidad de trasladarse a la Ciudad de México a realizar el trámite. Las universidades también se ahorrarían buena parte del trámite administrativo, con una obtención más veloz de la cédula y un menor costo.

La SEP federal divulgó la noticia en medios de comunicación nacionales. Incluso, emitió tutoriales para que las personas interesadas realizarán el trámite por sí solas, tal como se puede apreciar en el siguiente video:

De igual manera, mediante ilustraciones pregonaba los beneficios del trámite.

Realizado el trámite, el título luce de la siguiente manera:

A decir de las universidades entrevistadas para este trabajo –se reservan su nombre por temor a represalias–, buscaron informarse desde 2018 acerca de cómo sería el nuevo proceso de obtención de cédulas profesionales electrónicas. Los responsables de una de ellas no sólo, dicen, asistieron a diferentes reuniones de información, sino también sufragaron la totalidad de los costos operativos. Incluso, tramitaron las firmas electrónicas (e-firma) ante el SAT, pues sería el instrumento de control y seguridad de los documentos electrónicos generados. A mediados de 2018 ya tenían todo listo para comenzar con el trámite de cédula digital.

No obstante, en una reunión realizada en septiembre de ese año, con funcionarios de alto nivel de la SEP estatal del sexenio anterior, les informaron que la institución gubernamental aún no contaba con la plataforma electrónica.

«Explicaron que, al ser fin de sexenio, no disponían del recurso económico requerido para el desarrollo del sistema, ni personal capacitado para desarrollarlo, por lo cual, habría que esperar a que la nueva administración lo desarrollara, por allá de 2019».

¿Qué pasaría entonces con los trámites de estudiantes recién graduados?

Es importante aclarar que el 13 de abril de 2018 –ocho días después del decreto mencionado anteriormente–, se emitió en el Diario Oficial de la Federación un aviso que daba a conocer los requerimientos técnicos a cumplir por la plataforma digital. Hasta hoy, la SEP estatal no ha emitido ninguna explicación oficial de por qué no se dio por enterada.

Según las personas entrevistadas, a mediados de enero de 2019 –ya en la actual administración estatal–, tras los acercamientos por parte de los administrativos de las casas de estudios solicitando respuesta, lo único que la Dirección de Educación Superior de la SEP estatal les dijo es que se pondrían en contacto con la Dirección General de Profesiones (en CDMX) y ellos les avisarían «cuando el trámite quedara concluido».

Contrario a la parsimonia de la autoridad educativa, la presión de los egresados y sus familiares ha ido en aumento, de actos de molestia a fuertes discusiones, reclamos y acusaciones, lo cual comienza a ser cada vez más visible en redes sociales. Por su parte, personas egresadas que sufren el problema refieren que al acudir a las instalaciones de la Secretaría les dicen ahí que todo es culpa de las universidades, porque no han sabido implementar un sistema compatible con la plataforma de la SEP sobre cómo deben entregar sus datos para realizar los trámites. Los centros de estudio, por su parte, alegan que la SEP tampoco les ha informado cómo hacerlo.

En todo caso, una plataforma digital no tendría por qué ser un tema complicado. Las universidades entrevistadas que tienen planteles fuera de Chiapas refieren que en ningún otro estado de la república han tenido este problema. Sólo en Chiapas.

Tampoco se tiene claridad de por qué sólo algunas universidades afectadas han podido ingresar a la plataforma. Ni por qué, a pesar de ello, la SEP estatal no les expide los títulos electrónicos (sólo impresos), aun cuando la norma así lo indica.

Negligencias

La llamada por parte de la Dirección de Educación Superior de la SEP estatal nunca llegó. Sin embargo, el calvario pareció llegar a su fin, cuando en diciembre de 2019 el Gobierno del Estado emitió un comunicado. En él daba a conocer que ya el estado había cumplido con la indicación de emitir títulos electrónicos. En un evento en Palacio de Gobierno, el actual gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, entregó de manera simbólica tres títulos electrónicos de la Universidad Pablo Guardado Chávez, una de las universidades con RVOEs estatal. Todas las universidades creyeron entonces que comenzaría a regularizarse el trámite de mérito. No fue así.

Cuando Rutilio Escandón Cadenas entregó de manera simbólica tres títulos electrónicos… Todas las universidades creyeron entonces que comenzaría a regularizarse el trámite de mérito. No fue así

Hasta hoy, sólo algunas de las instituciones de educación superior han podido acceder a la plataforma electrónica de la SEP estatal: las que han tenido el capital para construir un sistema electrónico que les permita entregar a sus estudiantes los datos que, a su vez, les requerirá la plataforma de la SEP, de conformidad con las características técnicas publicadas en el aviso del 13 de abril de 2018 en el Diario Oficial.

A decir de varias de las instituciones académicas entrevistadas, jamás la SEP estatal les ha requerido crear ningún sistema compatible con la plataforma electrónica, por lo cual no lo han hecho. En cuanto a las que sí lo han logrado, al subir la información a la plataforma, consiguen que sus egresados obtengan la cédula electrónica, pero no el título. Presumen –porque tampoco nadie parece saberlo con certeza ni hay informes oficiales claros– que la plataforma de la SEP estatal no está lista aún, o bien, que el personal no está capacitado para usarla.

Las personas egresadas de una licenciatura con RVOE estatal deberían tramitar fácilmente y de forma electrónica títulos y cédulas que validen oficialmente sus estudios. En Chiapas no es así. Foto: Sam Ríos, a través de unsplash.com.

«En algunos trabajos piden el título y la SEP no te lo brinda, a menos que el alumno o la casa de estudios realice presión. Aun entonces, solamente brindan una copia impresa», dice un representante de las universidades afectadas.

El reglamento exige que le entreguen a la persona egresada el archivo electrónico, para que lo imprima cuando sea que lo necesite. De ese modo, quienes necesitan el documento electrónico, son así forzados a ir a CDMX a conseguir lo que su propio estado les niega.

Esta situación no sólo afecta a recién egresados, sino a cualquiera que haya conseguido su título antes de 2018 (proviniendo de alguna universidad con RVOES estatal), pero que por cualquier motivo no haya tramitado su cédula. En esos casos, la plataforma digital de la SEP estatal tampoco permite ingresar datos, obligando al estudiante a viajar a CDMX para realizar el trámite. Pronto, ni siquiera de esa forma podrán hacerlo, pues según la Secretaría de Educación Pública federal, dicha solución es viable sólo de forma provisional. En algún momento, ya no brindará ese servicio. Precisamente, ha dicho, el motivo de la reforma fue que las entidades lo realicen por sí mismas.

De donde sea que venga, la negligencia implica un menoscabo de los derechos fundamentales de los egresados, y viola directamente a la Constitución Política federal y tratados internacionales de los que México forma parte. El artículo 5 de la carta magna refiere que:

«A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

»La ley determinará en cada entidad federativa cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo».

Al no contar con cédula y/o título, los egresados de carreras como Derecho y Medicina no pueden ejercer, toda vez que la ley les obliga a contar con dichos requerimientos, a fin de acreditar que cuentan con los conocimientos necesarios. Aún para egresados de carreras donde no es necesario contar con cédula, les afecta su movilidad a otras entidades.

La historia de Carlos, narrada al principio, es sólo una entre miles de egresados de los cientos de instituciones educativas de Chiapas que cuentan con RVOEs estatal. Una entidad que desde hace al menos dos años genera profesionistas sin título y licenciados sin cédula.

El texto de este trabajo es publicado bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 (CC BY-SA).

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  1. Es una gran triste y deprimente realidad, que con tanto esfuerzo y esmero el estudiante logre culminar sus estudios y esperen más tiempo para obtener la licencia para ejercer su profesión. Todo por la ineficacia de nuestras entidades educativas (SEP) que en vez de agilizar los trámites pareciera que su intención en retrasar y hacerles una agonía a los egresados. Y al no poder ejercer su profesión nos enfilamos en las listas de desempleo o si bien les va se emplean en trabajos mal pagados.
    Excelente artículo donde plasman y alzan la voz de muchos egresados.

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