Los números de la justicia
Es humanamente imposible reducir la impunidad en Chiapas, mientras no mejore el número de jueces por cada 100 mil habitantes, como establece la OCDE.
Por Édgar Benítez Aguilar Publicado en Crónica, Historias en 3 agosto, 2020 4 Comentarios 23 min lectura
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En el primer capítulo de ¿Por qué fracasan los países?, titulado «Tan cerca y, sin embargo, tan diferentes», los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson, profesores de economía en el MIT y en Harvard, respectivamente, analizan el caso de Nogales. Una ciudad, por cuestiones históricas y políticas, dividida en dos por una valla enorme. Del lado estadounidense: Nogales, Arizona. Y en su contraparte mexicana, Nogales, Sonora.

Dice el libro que la población del lado norte percibe en promedio tres veces más ingresos que la del lado sur, a pesar de que esta última sea considerada una ciudad de ingreso medio alto respecto de las del resto de México. Nogales, Arizona es, nos dicen, una ciudad de clase media, conformada por personas retiradas. Esto significa que no es de las más productivas de Estados Unidos, pero aun así le basta para marcar una diferencia notable con el lado mexicano. Ambas ciudades comparten el mismo origen, historia y aun buena parte de su cultura. ¿Por qué, entonces, son tan diferentes en temas económicos, de salud y urbanismo? Una y otra vez, los autores van y vuelven de todas partes del mundo para llegar a la conclusión de que la causa de las diferencias suele ser la fortaleza de las instituciones que rigen en uno u otro lugar. Es decir, entre más sólidas y respetadas, mejores posiciones de bienestar social puede alcanzar un país.

En los términos que relata el libro, el bienestar social está relacionado, entre otros, con dos temas claves, que se alimentan entre sí: la economía y la legalidad (el acceso a la justicia). Dependiendo de ellos, las personas tendrán o no la posibilidad de acceder a los servicios que, en teoría, debe proporcionar el Estado. El tema es mucho más amplio. Pero me interesa destacar que a lo largo de esas páginas sobresale una institución, como mediadora frente a las demás: aquella encargada de hacer cumplir la legalidad y que en México sería el Poder Judicial: ahí donde se dirimen las controversias que atañen a la ciudadanía, y gracias a cuya oportuna intervención tendría que florecer la paz y el bienestar social y, en consecuencia, traer prosperidad económica.

Este ensayo tiene por objeto analizar el Poder Judicial del estado de Chiapas, cuyos problemas, de no ser atendidos en el futuro inmediato, condenan a la entidad a una mayor y creciente desigualdad económica y, a la postre, de la violencia.

Entrada al Amate.

¡Písale, güey!

El automotor fue de los 70 a los 120 kilómetros por hora en un instante. El viaje al Amate había resultado más intrincado de lo habitual: un choque entre una camioneta y un camión de carga había obstaculizado el paso por la carretera. En la prisa, los abogados se aventuraron a cruzar un pequeño tramo entre la maleza. Pero apenas recorridos unos cinco metros, el áspero siseo de una ponchadura se clavó en sus oídos como una burla: tsssssssss. Pronto la burla se transformó en risa de ansiedad, al darse cuenta de que no llevaban la herramienta necesaria para cambiar la llanta.

(Paréntesis: buena parte del trayecto entre Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa cuenta apenas con dos carriles. No tendría nada de malo, de no ser porque se trata de la vía principal para llegar al reclusorio más importante del estado: El Amate, como se conoce al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14. Ahí mismo, afuera, están los juzgados penales del sistema tradicional, los juzgados penales orales del fuero común y el Centro de Justicia Penal Federal, que agrupa a los juzgados de distrito y a los tribunales unitarios primero y segundo, correspondientes a este vigésimo circuito judicial. ¿No vale todo eso para considerar esta carretera un área estratégica en materia de seguridad?).

Carretera al Amate, como se conoce al Centro de Readaptación Social No. 14.

Las casi dos horas de ventaja horaria con que habían salido de Tuxtla se disolvieron en las gotas de sudor que ahora escurrían por la frente de los litigantes. Y también, la paciencia. Con todo, debían apresurarse a improvisar o resignarse a no llegar a tiempo a la audiencia en el juzgado, pactada para las 11 am. Buscaron piedras para separar el auto del suelo y embonar la llanta de repuesto, hecho lo cual avanzaron todo lo rápido que la prudencia y los topes del camino se los permitieron. ¡Písale, güey!, dijo el copiloto, perdida ya la compostura, y el automotor fue de los 70 a los 120 kilómetros por hora en un instante.

Al llegar al centro penitenciario, el abrupto arribo del coche alertó al guardia, ubicado en una garita a la entrada del estacionamiento, que salió a verlos con la mano sobre la culata de la pistola, en el cinturón. Volvió enseguida a su puesto, sin embargo, al comprobar que se trataba apenas de otro par de abogados de tantos como llegaban a diario a cumplir con una diligencia, difícilmente a tiempo.

El copiloto saltó del vehículo y atravesó el estacionamiento, con la determinación de una flecha. Se detuvo en seco al cruzar la puerta, frente al oficial de la entrada, que igual que el anterior guardia sabía también que el visitante era sólo un abogado más que llegaba demorado a una audiencia. Sin prestarle mayor atención, volvió a su puesto. Así, del vehículo al escritorio en el área de recepción de los juzgados, no pasaron más de quince segundos para anunciar su llegada:

—¡Buen día! Vengo a la audiencia de las once –miró el reloj involuntariamente. Las manecillas marcaban las once con cinco minutos.

La señorita dedujo enseguida que al abogado le preocupaba haber llegado tarde.

—¡No se preocupe! El juez todavía no llega, y antes de su audiencia hay programada una previa. La de usted seguramente empezará en tres o cuatro horas –dijo con el aplomo de quien se ha resignado ya a aceptar todas las penas de este mundo.

Con semejante o peor resignación, el abogado buscó la silla más cercana y se sentó a esperar. El otro litigante, minutos antes al volante del vehículo, atravesó el umbral a la carrera. Como un engranaje sincronizado, todos en la sala voltearon a verlo al mismo tiempo. Los ojos del postulante se clavaron en los de su compañero, al fondo del recinto, postrado sobre una de las sillas metálicas en una esquina. El otrora piloto se dio cuenta que las audiencias estaban atrasadas.

—¿Demorada?

—Sí. Tal vez, cuatro o cinco horas.

Las órbitas oculares del recién llegado al purgatorio se agrandaron. Expulsó una bocanada de aire.

—¡Lo que nos faltaba! –dijo al dejarse caer en un asiento–. ¡Bueno! Mientras, repasemos el asunto una vez más.

El asunto, una vez más

El sonido de las cigarras inundaba el monte. La tranquilidad de la noche, en Ocozocoautla, fue interrumpida por un vehículo de modelo reciente, de pequeñas dimensiones, en cuyas bocinas un corrido exorcizaba como por quinta vez a Camelia la texana. El conductor bebía whisky con refresco de manzana en compañía de su compadre Chepe. Habían comenzado a las cuatro de la tarde, en una cantina de mal aspecto, pero donde la carraca y la música norteña lo mejoraban todo. Como sucede en esos casos, un par de cervezas se convirtieron en nueve para cada uno, para rematar con dos botellas de whisky. Desde que llegaron hasta que les pasaron la cuenta, habían trascurrido siete horas, poco más o menos. Chepe quería seguirla, pero a duras penas podía con su alma. Su cuerpo ya no le respondía y, al subirse a su auto, se quedó dormido. Juan, su cunca, había estacionado el coche propio justo delante del otro. Por eso no se percató de que el compadre Chepe, de bruces sobre el volante y con la puerta abierta, ya no lo siguió, cuando Juan pisó el acelerador con rumbo a la capital del estado, a unos veinte minutos de distancia, para seguir la fiesta en casa de un vecino.

Pedro y su hermano Guillermo, de 21 y 19 años respectivamente, eran albañiles y construían la casa del ingeniero, en Tuxtla. Por eso, en vez de volver a Coita, donde vivían, preferían quedarse a dormir en la obra, con la intención de empezar su trabajo con las primeras luces del alba y concluir con la última luz del día, para terminar y cobrar más pronto. Esa noche, sin embargo, habían ido a visitar a su familia a Coita (no se habían visto en tres días), por lo que volvían ya tarde a dormir un rato en la obra, antes de la jornada laboral. Viajaban en una pequeña moto comprada con ahorros. No era rápida, pero sí muy útil. Y era económica. Por lo general, llenaban el tanque con trescientos pesos y duraba hasta tres semanas. Guillermo se hizo del manubrio y, por lo tanto, le tocó usar el casco. Su hermano Pedro se aferró a la delgada y fuerte silueta de su hermano, antes de agarrar camino a la construcción, donde dormirían sobre el mismo suelo que les tocaría trabajar. Incluso, llevaban ya puesta la ropa de trabajo, para dormir otro ratito más en la mañana.

«Una suburban dorada…» sonaba a todo volumen el vehículo. Para Juan, sin embargo, no era suficiente llegar al límite del autoestéreo, y se puso a vociferar a todo pulmón las canciones, mientras hundía el pie en el acelerador. Apenas un momento antes se había percatado, al fin, de que su compadre ya no era parte de la juerga. «Pinche compadre, me dejaste solo…», decía y se enjugaba los lagrimones. Kilómetros adelante, una moto viajaba en la misma dirección y, por lo tanto, en el mismo carril que Juan, cuyo velocímetro marcaba 85 kilómetros por hora. La moto, además, no era muy visible. La luz delantera servía, pero la trasera estaba fundida desde hacía más de dos meses. El padre de los muchachos ya se lo había dicho a Guillermo, el menor. Pero éste le contestaba que esa luz era de adorno, pues él nunca la veía al conducir.

«¡Pinche compadre!», maldijo por enésima vez al ingrato. Como si fueran ciertas, las lágrimas escurrían por su cara y le impedían ver bien, disueltas en alcohol.

El alcohol, las lágrimas, la luz fundida de la moto, la falta de alumbrado público y de pintura en los carriles de la carretera federal… No había manera de que aquello saliera bien. O si la había, no ocurrió.

En algún momento, Juan se limpió las lágrimas y perdió de vista un par de segundos el camino, dijo en su declaración. El impacto por alcance del coche sobre la motocicleta lanzó a Pedro por los aires. La moto giró con Guillermo sobre el pavimento. El manubrio y los pedales de eje los hicieron girar como trompo unos veinte metros. Pedro no llevaba casco y cayó en coma de inmediato.

Un policía federal de caminos iba de vuelta a casa por la misma ruta y pasó por el lugar apenas dos minutos después del accidente. Muy tarde para evitar la fatalidad, pero a tiempo para impedir que Juan se fugara. El federal levantó enseguida su radio y pidió por el servicio médico. Como lo ordenan sus procedimientos, decidió no mover a los muchachos. Ambos jóvenes estaban con vida. Guillermo sólo parecía estar un tanto desorientado y adolorido. Su hermano, en cambio, no daba señal alguna, pero por el vaho generado en un pequeño espejo que le puso debajo de la nariz, el policía supo que estaba también vivo. Cincuenta minutos tardaría en llegar la ambulancia.

El federal retuvo a Juan. En el acta de descripción de los hechos, el oficial precisó que el conductor del vehículo desprendía olor a alcohol, por lo que, presumiblemente, iba tomado. A Juan le costaba hablar y caminar de manera adecuada, describió también el oficial.

Los números de la justicia

Para cualquier abogado en Chiapas, la demora de las audiencias –y su suspensión por cualquier motivo– pronto comienza a ser normal. Aun así, no olvida que una audiencia demorada es una justicia demorada que, a la larga, terminará por fortalecer la larga cadena de la impunidad. Sin embargo, resultaría injusto culpar a los jueces de estas prácticas, pues es más bien resultado del abandono sistemático del Poder Judicial por parte del Ejecutivo y el Legislativo. El primero de ellos, propiamente por dos temas: por las deficiencias de la Fiscalía –dependencia encargada de investigar, integrar y representar a la víctima ante el Juez, de la que hablaré ampliamente en una segunda parte de este trabajo– y por el presupuesto que le asigna al Poder Judicial, que le impide crecer. En cuanto al Poder Legislativo, porque es quien aprueba, sin peros, el presupuesto que el Ejecutivo propone para la impartición de justicia.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional del cual México forma parte, emplea parámetros de medición para determinar los mínimos aceptables de un país en el combate a la impunidad, entendiendo por está última la excepción a un castigo o la falta de sanción a un delito. Hay otros factores, pero el número de jueces resulta central en dicho análisis y llega a la conclusión de que debe haber al menos un juez por cada 100 mil habitantes. Esta proporción es también acogida por la Unión Europea. ¿Cómo se encuentra Chiapas en este sentido?

Respecto de los jueces en materia penal, sólo contabilizamos aquí a los del sistema penal oral, pues los del sistema escrito ya sólo atienden casos rezagados.

La Universidad de las Américas (UDLA) publica un estudio que se llama Índice Global de Impunidad México, el último en 2018. Desde las primeras páginas, refiere que Chiapas es una de las entidades del país con impunidad a la alza –5.68 puntos más respecto de la medición anterior, en 2016–, ocupando el octavo lugar, con un «grado de impunidad alta». Por su parte, Campeche aparece en primer lugar, como el único con un «bajo grado de impunidad». Porque después del segundo lugar –sorprendentemente, la Ciudad de México–, calificado como con un «grado de impunidad media», el resto de las entidades aparecen con grados de impunidad «alta», «muy alta» y «atípica». Es decir, los datos no son nada alentadores. Sobre todo, cuando vemos que de 150 países analizados, México ocupa el 149 entre los menos impunes, sólo por arriba de Filipinas, y encabeza la lista de países del continente americano como el más impune. Pero incluso el estado mejor calificado de México sería considerado como de alta impunidad, comparado con países que ocupen un rango medio en dicha tabla.

La tabla va de menor a mayor impunidad. Incluso el estado mejor calificado de México sería considerado como de alta impunidad, comparado con países que ocupen un rango medio en la tabla. Fuente: IGI-Mex 2018.

El caso de Chiapas es peculiar, pues según los autores del análisis, las denuncias disminuyeron de 21 mil 851, en 2014, a 20 mil 900, en 2016. Los autores seguramente desconocen que desde el sexenio anterior, al margen de la ley, la Fiscalía del Estado decidió generar «registros de atención», en lugar de «carpetas de Investigación». La ley sólo prevé estas últimas. Es decir, si un ciudadano va a la Fiscalía a interponer una denuncia, lo primero que tendrá es un registro de atención y no una carpeta de investigación. Esta última es la que debe contar para las estadísticas, pues el registro como tal no aparece en la ley. Hacerlo al revés sin duda ayuda a maquillar cifras, pero no contribuye realmente a disminuir la impunidad. De esa manera, aunque los delitos aumenten –y con ello las denuncias–, ese aumento no se verá reflejado en las estadísticas.

Chiapas es una entidad con bajo índice delictivo: 427.68 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional es de 1263.40. Además, cuenta con más policías judiciales que otros estados: 17.23 frente a 8.12 policías por cada 100 mil habitantes. Y a pesar de ambas circunstancias, Chiapas tiene un alto grado de impunidad.

Al analizar el motivo del espectro punitivo en la entidad, el estudio de la UDLA llega a la conclusión de que, en Chiapas, la impunidad estriba en las severas deficiencias estructurales y funcionales. Existe, por ejemplo, una clara falta de preparación en el personal que participa en el proceso penal (abogados, jueces, peritos y policías), lo que deriva en un deficiente proceso de investigación e impartición de justicia (el armado de la carpeta, la recopilación de pruebas, la exposición ante el juez y el dictado de la sentencia de este último), forjando cada cual su eslabón en la cadena de impunidad. Así, mientras las denuncias supuestamente disminuyeron 4.4%, los imputados en el mismo periodo bajaron a 49.9%.

Para que se entienda mejor, analicemos el prisma de la impunidad empezando por los datos más simples del Poder Judicial del Estado de Chiapas (que pueden ser obtenidos directamente desde su sitio electrónico): la cantidad de jueces. Encontraremos a dicho poder integrado así:

Para quien no se mueva en el entramado jurídico, los números podrían parecer alentadores. Pero la realidad, por desgracia, es otra, pues los impartidores de justicia se encuentran a su vez divididos, obedeciendo al tipo de controversia que las partes interesadas quieran solucionar. Esto significa que la división judicial (la jurisdicción) depende de los sujetos envueltos en la controversia, la materia del conflicto e incluso la cuantía del asunto. Por ejemplo, si las partes en conflicto no son indígenas, los juzgados de paz y conciliación no serán competentes para resolverlo. Si el problema es un tema referente a una cuantía que rebase los 10 mil pesos, los juzgados municipales –avocados mayormente a resolver problemas entre vecinos y encerrar borrachos, además de que sus jueces a menudo tienen la carrera trunca o incluso no cuentan con preparación en cuestiones jurisdiccionales, es decir, son ciudadanos bien intencionados que pretenden solucionar conflictos de su localidad, basados en su sano criterio–, tampoco serán competentes. Resumiendo, la verdadera justicia del estado depende de los 68 juzgados de primera instancia, que conforme a la división en su conocimiento de los problemas, se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

La encuesta intercensal del INEGI contabilizó en Chiapas, en 2015, a 5 217 908 habitantes. Atendiendo a esa cifra y al mencionado estándar de la OCDE, recogido por la Unión Europea, para medir la calidad en la impartición de justicia (un juez por cada 100 mil habitantes), tenemos que debería haber 52 jueces por cada materia en la entidad. En la realidad, se atiende al siguiente número de pobladores:

Como se muestra en la tabla indicada, en ninguna de las materias propuestas, se acerca el número de jueces que recomienda la OCDE, para estar en parámetros mínimos aceptables. La más cercana es la materia civil, donde sus jueces atienden a casi tres veces la cantidad de población que deberían (además de los 100 mil habitantes que les corresponderían, 174 mil más). En materia oral penal, el porcentaje ya es alarmante: un juez debe hacer la labor que correspondería a al menos cuatro. Y en oral mercantil, ni se diga: un solo juez atiende la labor de diecisiete. El problema podría ser aún más profundo, pues los datos de población corresponden a 2015 y los del Poder Judicial, a diciembre de 2019.

Por otro lado, se debe considerar que a muchas regiones de Chiapas les queda muy lejos acudir a un tribunal. Geográficamente, los juzgados se encuentran distribuidos conforme a la siguiente tabla, tomada directamente del informe estadístico del Poder Judicial del Estado de Chiapas, correspondiente a 2019.

¿Cuántas personas realmente cuentan con los recursos económicos para contratar un abogado e impulsar un juicio en materia penal? Además de eso, sólo existen doce jueces en la entidad, en dicha materia. Por lo tanto, la carpeta de investigación tardará en llegar a sus manos. No resultan extrañas, así, las siguientes estadísticas emitidas por parte del Poder Judicial:

Fuente: Boletín estadístico enero-diciembre de 2019, del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

Durante todo 2019, en materia penal, sólo fueron dictadas 784 sentencias. Para una entidad con 5 217 908 habitantes, que sólo 784 causas penales pudieran resolverse en un año es desolador. Pero incluso asumiendo la cifra estadística de 2043 asuntos resueltos, reportados en 2019 por el Poder Judicial del Estado de Chiapas (ver gráfica arriba), sigue siendo demasiado poco, si tomamos en cuenta que la incidencia delictiva (ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación), en ese mismo periodo para Chiapas, fue de 23 294 delitos, según el documento Incidencia delictiva del fuero común 2019, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué significa eso? Que si fueron denunciados 23 294 delitos del fuero común y solamente 784 tuvieron sentencias, la probabilidad de que un asunto sea resuelto por un juez es de 3.36 por ciento. Un porcentaje que habla por sí mismo de la dimensión dramática de la impunidad en el estado. Sin más jueces, parece humanamente imposible romper la cadena de la impunidad.

En 2019, la probabilidad de que un posible delito recibiera sentencia en Chiapas fue de 3.36 por ciento.

Fuente: elaboración propia, mediante el cruce de datos del Poder Judicial del Estado de Chiapas y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En promedio, desde la denuncia hasta que es desahogada la primera audiencia, pueden trascurrir cerca de seis meses, siempre y cuando el abogado encargado del asunto presione al fiscal. De lo contrario, se puede llevar un año o incluso, nunca llegar a la audiencia de vinculación a proceso.1

Son cifras que no pueden menos que empeorar cada año, si no mejora siquiera en lo elemental, en el más sencillo de los análisis que he hecho aquí: la proporción entre el número de jueces y el de la población a la que atienden. Es imposible combatir la impunidad con recursos humanos tan limitados.

No sólo es tarea del Poder Judicial, sino del Ejecutivo, a través de las Fiscalías, y el Legislativo, distribuir de mejor manera el gasto público, para romper la cadena de impunidad que nos mantiene atados.

Rebasados

El sueño fue interrumpido por el incesante sonido del teléfono. Eran casi las cinco de la mañana cuando el abogado tomó el celular de manera mecánica. El dispositivo no tenía registrado el número de quien llamaba.

—Bueno –dijo con la voz ronca del despertar abrupto.

Al otro lado del altoparlante le respondieron, con angustia y vergüenza:

—¡Licenciado! Habla Verónica, la esposa del señor Juan. Mi comadre Rosa me lo recomendó…

Así había iniciado aquella conversación con el licenciado, que ahora se encontraba postrado en la silla metálica a la entrada del juzgado, a la espera de un juez con tres o cuatro horas de retraso, rebasado, como todo un estado, acaso un país, por la dura, adversa realidad.

El texto y fotos son publicados por Texto Sur, bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 (CC BY-SA).

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  1. En últimas fechas, dos casos han captado la atención de los medios de comunicación. En el primero, el involucrado directo es Juan Carlos Armendáriz, padre del nieto del actual gobernador. En el segundo, es el Dr. Gerardo Grajales Yuca. Por falta de datos, no puedo emitir un criterio, pero me llama enormemente la atención que, en ambos casos, las carpetas de investigación hayan sido integradas y presentadas ante un juez en menos de una semana. Por eso, en la opinión pública y hasta en los corrillos del gremio jurídico, se presume el impulso político de esas causas. Pero esa prontitud no es , en modo alguno, habitual  (Regresar)

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  1. Muy buen trabajo de investigación, felicidades!
    Es triste leer la realidad de nuestro país, un país en donde la misma existe para el que mas tiene.

  2. una realidad muy triste y, que hacer ver que la sociedad por eso siente estar desconectada de la Ley y Justicia, un mal que se trae de años atras, es necesario implemtnar mas recursos reales y a la vez que estos sean fiscalizados por la ciudadania, si revisas el pal Merida, en el se observan todos los apoyos al poder judicial y por estado veras que los recursos bajaron a Chiapas; ahora bien investiga cuanto realmente se gasto en capacitar al personal y jueces, muy grande el desvio de recursos.

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