El agua no cae del cielo I
Una historia de omisiones y desencuentros que ponen en riesgo el futuro de la ciudad
Por Alberto Chanona Publicado en Crónica, Historias en 27 julio, 2020 4 Comentarios 19 min lectura
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PRIMERA PARTE

Por donde sea que llegues a San Cristóbal, lo primero que verás será sin duda verde: montañas, bosques, humedales. Esta primera impresión rara vez dura. Porque cuando miras dos, tres veces, surgen de inmediato las minas de arena, cuya voracidad atraviesa con apuro algunas cadenas montañosas, igual que los camiones de volteos, la ciudad. Aparecen también las gasolinerías y cantinas, frente a centros de desarrollo infantil (CENDIs). O manantiales rellenados para el desarrollo inmobiliario. O la amenaza escondida en algún mensaje de apariencia inocua: «vendo lotes en zona arbolada. Facilidad de pagos».

Humedal y mina de arena. Foto: Alberto Chanona.

No hay vida que resista el embate de una lupa. Y la vida de la ciudad, menos que ninguna. Pero lo que halles al acercarte, dependerá de hacia dónde mires, de a quién le preguntes y hasta de lo que creas. En cualquier caso, las respuestas circularán en sentidos contrarios, señalándose al paso unas a otras, no necesariamente sin razón.

Todos flotan

La noticia surgió el 30 de abril de su cuenta de facebook y se esparció pronto a diversos medios de comunicación locales y nacionales: el síndico municipal Miguel Ángel de los Santos había pedido a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), poco más de un mes atrás, revocar las dos concesiones de extracción que tiene Coca Cola Femsa –a través de Inmuebles del Golfo–, en San Cristóbal de Las Casas. Sus argumentos eran la defensa los derechos humanos de la población, al agua y a la salud, y la escasez del líquido que padece el municipio.

Que una autoridad municipal tome postura en favor de sus gobernados, contra los intereses de una empresa trasnacional, es algo que ocurre más bien poco en México. Por eso, la respuesta al gesto público del síndico llegó pronto en forma de aprobación, también pública. Hasta el momento de escribir estas líneas, por ejemplo, una petición en change.org, que hacía eco de la solicitud del funcionario, había reunido casi 27 mil firmas para revocar dos de las 87 concesiones que tiene la refresquera en el país, a través de 8 embotelladoras (sin contar Jugos del Valle ni Santa Clara: Arca Continental, Bebidas refrescantes de Nogales, Bepensa, Coca-Cola Femsa, Corporación del Fuerte, Corporación Rica, Embotelladora de Colima, Embotelladora del Nayar), para extraer 23 029 724.34 m3 de agua; o bien 123 concesiones, de las que extraería 33 775 585.86 m3, si se incluyen las otorgadas a otras embotelladoras de productos Coca Cola, según datos del Registro Público de Derecho al Agua (Repda), publicados por la UNAM como parte de una investigación en 2014.1

Embotelladora de Coca Cola Femsa, al pie del Huitepec. Al cruzar los datos de la empresa con los del Repda referidos en el libro de la UNAM citado, se obtiene que el volumen de agua concesionada a la planta de San Cristóbal representaba, hasta 2014, el 1.82 por ciento del total otorgado por Conagua a 8 de las 10 embotelladoras declaradas por Coca Cola México en su sitio web. (clic) Foto: Alberto Chanona.

Personas y organizaciones ambientalistas repasaron, entonces, en medios de comunicación, la lista de males a los que Coca Cola contribuye: el índice de diabetes en la región, el daño renal, la obesidad, la caries, el millón 150 mil litros diarios que extrae la empresa para producir bebidas azucaradas y envasar agua en botellas de plástico. Todos ellos, argumentos válidos en una confrontación que ocurre sobre una capa de hielo muy delgada, en la frontera entre la moral y las actividades lícitas.2

La principal causa de la petición del síndico, no obstante, según ha afirmado varias veces, era la escasez de agua que padece la ciudad. En una entrevista realizada por el periodista Ernesto Ledesma, en RompevientoTV, el funcionario dijo, además:

«No alcanzan las fuentes de agua con que contamos, para abastecer a toda la población… aunado al hecho de que la ciudadanía percibe a la empresa Coca Cola, que pues aprovecha gran parte del caudal de agua con que contamos, y supone que por eso no llega a sus hogares».

Y fue por ahí donde su argumento, igual que la ciudad cuando llueve, empezó lentamente a cubrirse de agua y suciedad.

La respuesta de Conagua –«posicionamiento» la llamó– llegó unos días después, el 5 de mayo. Breve y puntual, decía poco más o menos que la escasez en San Cristóbal no era atribuible a la empresa refresquera. Coca Cola, explicó el organismo federal, emplea agua del subsuelo (a 130 y 200 m de profundidad) y la ciudad, mayormente, fuentes superficiales; ninguna de ellas conectadas entre sí, hasta donde se sabe.3 Esto significaba que la revocación no resolvería, en modo alguno, el problema del abasto insuficiente.

El síndico no explicó de qué modo esperaba que el retiro de esas concesiones se tradujera en abasto para la ciudad. Y si, como afirma Conagua, hay suficiente disponibilidad allá abajo –se trata, dijo, de una cuenca «subexplotada», un término preciso, pero cuyas connotaciones hablan del modo en que la legislaciones suelen conceptualizar al agua–, no queda claro entonces qué le impide al ayuntamiento solicitar concesiones para abastecer al municipio del agua subterránea.

De los Santos tampoco dijo nada respecto de las fuentes que ya existen, amenazadas de forma constante por constructoras, invasiones, grupos armados y hasta por las aguas residuales. Ni de las violaciones a derechos humanos que esos conflictos acarrean y que sí entran, de facto, en las responsabilidades a cargo del gobierno municipal. No es cierto. Sí dijo algo: que no han detenido a nadie, pero sí clausurado y levantado denuncias y que, simplemente, no han tenido éxito presionando a las fiscalías o procuradurías. La historia es conocida desde hace varias administraciones. Y los argumentos, previsibles a partir de ahí.

Por su parte, contrario a lo esperado, la Conagua no dedica siquiera una línea a defender el derecho humano. No arriesga un solo pie en el terreno pantanoso de una discusión ética sobre el uso del agua para producir refrescos o envasarla. En su carta, se limita a señalar «aquí no es». Bastó, sin embargo, para obligar al síndico a mirar hacia otro lado, más cercano a sus competencias y facultades. Uno donde décadas de omisión, de nula planeación urbana, violaciones a la ley y negligencias por parte de autoridades municipales de diferentes banderas partidistas, flotan como la mierda río abajo.

Carteles de reclamo a funcionarios de la actual administración municipal, durante la celebración del quinto aniversario de la declaratoria de «Lugar Sagrado Humedal de María Eugenia», el domingo 19 de julio de 2020. Foto: Alberto Chanona.

Matemáticas que duelen

Tal vez porque sea la soledad o el egoísmo el corazón ansioso de la condición humana, o porque una habilidad atrofiada de la sociedad es pensar en lo común –quiero decir en lo que nos une a los, a las comunes, aquello que nos hace comunidad–, uno tiende a mirarse el ombligo. A mirar su casa, su consumo, su obligación, su derecho. Así, es casi imposible dedicar un pensamiento al agua. A menos que nos falte. Entonces sí, uno saca cuentas y las cuentas no cuadran: pagamos el recibo y el agua no llegó (suponiendo que vivamos en un área urbana, porque si no, la historia es dramáticamente otra). En cualquier caso, hablamos de un recurso que no puede o no debiera entenderse como algo que es posible comprar. Si las fuentes de abastecimiento se secan o contaminan, o son tomadas por algún grupo violento, no importa cuánto dinero paguemos. Sencillamente, no habrá agua. A veces hay soluciones, claro, como los dos pozos de 200 m de profundidad que ya emplea la ciudad para abastecerse y que Conagua no menciona en su posicionamiento. Como sea, ninguna solución es sencilla. O barata. Ni siquiera ahora, cuando el municipio todavía cuenta con disponibilidad de fuentes superficiales de agua.

Jesús Carmona de la Torre, ingeniero bioquímico industrial, académico –con licencia sin goce de sueldo– de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), estima que una red de agua y saneamiento de las dimensiones que requiere San Cristóbal implicaría una inversión mayor a 500 millones de pesos (grupos ambientalistas locales consideran hasta 1200 mdp). Eso, además, sin incluir a otros sistemas de agua independientes: Chupaltic, La Garita, Alcanfores Huitepec, Rancho San Nicolás, La Hormiga, Getsemaní, San Antonio del Monte, Cascajal (Salsipuedes), Nueva Maravilla y algunos menores que se suministran del agua de lluvia. Todos ellos, necesarios, pues el municipio no garantiza el acceso al agua a todos sus habitantes.

Obtener 500 millones de pesos para modernizar un sistema de agua y saneamiento, con equipamiento a veces obsoleto y drenaje, por tramos, inconcluso, parece un reto difícil de remontar.

A fin de buscar soluciones al ahorcamiento financiero del SAPAM, en una carta fechada el 7 de marzo de 2019, el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH) llamó a los dos sindicatos del organismo municipal «al diálogo público, abierto y transparente, en el que se puedan llegar a acuerdos que permitan mejorar el funcionamiento del sistema y sacarlo adelante, apegado al marco legal de los derechos laborales establecidos en la ley del trabajo».

Hablaron ahí también de crear una Contraloría Ciudadana, con la que esperarían mejorar la administración del organismo operador del agua. No se ha formalizado aún, pero la propuesta fue incluida en un proyecto de ley ciudadana del agua, que se someterá pronto a discusión en la Cámara de Diputados (volveré sobre eso más adelante).

El SAPAM es un organismo descentralizado, financiado por la aportación de los usuarios. Aun contando con las tarifas comerciales e industriales, el monto real de la tarifa doméstica, dice Carmona, debería ser de 245 pesos por hogar. Difícilmente lo habría aceptado el público usuario. Por eso, al final, quedó en 155 pesos y en 72, para algunas zonas con algún grado de marginación.

El gasto mensual oscila entre 3.5 y 4 millones de pesos. Pero no siempre los consiguen. En junio de este año, por ejemplo, sólo ingresó 1.2 millones, una cantidad apenas suficiente para cubrir el costo mensual de la energía eléctrica que emplea en el suministro del servicio.

«Este mito de que SAPAM es la caja chica del ayuntamiento –se queja el director– no es verdad. Nosotros tenemos que recurrir al ayuntamiento, para que nos preste dinero y cubrir las necesidades operativas».

Por otra parte, refiere, las reglas de operación de los programas federales dificultan su acceso. De acuerdo con la normatividad, la Conagua aporta el 40 por ciento de cualquier inversión que apruebe. El 60 por ciento restante debe provenir de otras fuentes, estatales, municipales o del propio organismo beneficiario. Pero las matemáticas duelen cuando los números son rojos. Porque nunca hay dinero para invertir ese porcentaje y los proyectos del SAPAM no suelen pasar del escritorio, lamenta su director.

Ahora, regresemos un momento a casa. Digamos que si ninguna eventualidad nos dejó sin agua, no volveremos a pensar en ella, quizá, tan pronto como desaparezca por el caño.

Y deberíamos.

Aguas negras de San Cristóbal, antes de que se pierdan por el Túnel. Foto: Alberto Chanona.

Aguas negras

El director de SAPAM calcula que San Cristóbal debe lidiar con alrededor de 700 litros por segundo (l/s) de aguas residuales. Es decir, más de 22 mil millones de litros anuales (22 075 200 m3), una cantidad de agua sucia casi 50 veces mayor a la que se lleva, limpia, Coca Cola (419 774.30 m3), cuyo producto estrella es conocido peyorativamente como «las aguas negras del imperio».

SAPAM reporta un bombeo anual de 10 688 520 m3 (esto es 339 l/s, una cantidad ligeramente menor que hace diez años: 344 l/s). Hay una diferencia de 11 386 680 m3 entre el bombeo de SAPAM y la estimación anual de aguas residuales. Puede explicarse –y esto lo supongo– por el agua obtenida a través de los sistemas independientes, la refresquera, las descargas del municipio de San Juan Chamula y, acaso mayormente, de la lluvia. Porque en San Cristóbal, la lluvia y las aguas negras comparten el mismo flujo y destino. Así, en total, las aguas residuales promedian 60 millones de litros diarios.

En junio pasado, durante las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, algunas colonias sufrieron inundaciones. Otras, además, quedaron temporalmente sin servicio de agua potable, a causa de los daños en algunas fuentes de abastecimiento. La Kisst, por ejemplo, uno de cuyos cárcamos fue alcanzado por el desbordamiento del río Amarillo, que recibe descargas directas del drenaje de la ciudad y que pasa a unos veinte metros del manantial.

Manantial La Kisst ante crecimiento del río Amarillo

El manantial La Kisst presenta un desbordamiento de las aguas del río Amarillo. Empero, con la reserva de agua limpia que se tiene, se abastecerá de agua a las colonias del sur de San Cristóbal.

Posted by SAPAM San Cristóbal on Thursday, June 4, 2020

A nadie sorprenden ya las inundaciones recurrentes ni la contaminación de los manantiales. Sorprendente es, en cambio, que sus causas lleven tanto tiempo vigentes. Y de forma tan visible, como es el caso del río de aguas negras junto a un manantial.

En 2017, la divulgación de un estudio firmado por Ane Galdos-Balzategui, de Fundación Cántaro Azul, y varios investigadores de Ecosur, entre ellos el propio Jesús Carmona, hoy director de SAPAM, alimentó la indignación de los habitantes de San Cristóbal. La noticia –reproducida desde entonces como pocas veces la ciencia, a través de Facebook y Whatsapp– era que había caca en el agua. O dicho de otro modo: todas las fuentes evaluadas habían presentado contaminación fecal. Cito algunos fragmentos aislados de ese trabajo:

«Los niveles de contaminación son muy elevados para el agua destinada al consumo humano. Las concentraciones entre las que oscila la contaminación fecal están clasificadas por la OMS (2008) como de riesgo alto y muy alto para la salud».

«Entre 5.6% de población que consume agua de llave sin hervir se estimó un total de 4 345 (5 528, límite superior) casos anuales de gastroenteritis por E. coli O157:H7, Campylobacter, rotavirus y Cryptosporidium. El Campylobacter sería el responsable de 70% de los casos, y según fuente de abastecimiento, el manantial La Kisst sería la fuente responsable del mayor número de casos (1 324 casos, 30.5%). En el supuesto de que toda la población consumiera diariamente el agua que suministra el servicio municipal, el número de casos ascendería a 77 588 por año».

«Según los registros, se calculó que en 2013 se atendieron en los servicios de salud públicos un total de 6 896 casos de diarrea en San Cristóbal de Las Casas. Según la Cofepris (2006). En México sólo se reporta uno de cada 19 casos de diarrea, de modo que en 2013 el número total de episodios pudiera considerarse de 131 024».

De entonces a la fecha, bajo la administración de un académico involucrado en el tema, es probable que en San Cristóbal haya mejorado al menos la cloración del agua, como afirman algunos boletines de SAPAM, que indican que antes sólo se cloraban los manantiales Peje de Oro, La Kisst, La Hormiga, La Almolonga y el tanque de La Hormiga. «En esta administración se han logrado clorar 22 puntos de abastecimiento, de un total de 24; y se tienen nuevas bombas en el manantial de la Hormiga, la Kisst, pozo Convivencia, rebombeo en El Mirador Sur y se dispone de proyectos para resolver el abasto de agua a través de pozos profundos», confirma Jesús Carmona.

Todo lo demás, sin embargo –la politización del agua dentro y fuera del SAPAM, el presupuesto insuficiente, el equipamiento obsoleto, los colectores inconclusos, las aguas residuales y un abrumador etcétera–, sigue tan actual como hace treinta o cuarenta años.

El Túnel, como se conoce a la salida de aguas negras de la ciudad. Estas aguas van a dar a localidades como Guadalupe El Túnel, que son también parte del municipio y cuyo derecho al agua y medio ambiente sano no suelen ser tomados en cuenta por ninguna política pública. Rara vez la ciudad voltea a ver hacia fuera. Pero aun así es alcanzada por su omisión. Porque una vez que sale del túnel, sin tratamiento alguno, se emplea esta misma agua para el riego de hortalizas que más tarde abastecerán algunos puntos de venta, otra vez, en San Cristóbal. Foto: Alberto Chanona.

«El reto –considera Carmona– es una sociedad consciente de un cambio necesario, para disponer del vital líquido a través de un sistema fortalecido, sin problemas económicos. El reto es tan actual como en el resto del país y sólo los organismos operadores con inversión han empezado a sobresalir para enfrentarlo».

En esas circunstancias, hace más de un año, Fundación Femsa, brazo filantrópico de Coca Cola, ofreció la donación de 40 millones de pesos. Primero, se dijo, para una planta potabilizadora. Y luego, poco después, para un método de tratamiento basado en humedales artificiales. La decisión ética de aceptar o no recursos de la empresa embotelladora y hasta la conveniencia técnica de la planta de tratamiento encendieron una polémica. Pero ese fuego venía de lejos. Ha ardido despacito durante años, alimentado por la desconfianza, los bulos, la opacidad y algunas verdades incómodas.

(Lee, la próxima semana, la segunda parte de este trabajo).

El texto y fotos de esta crónica son publicados bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 (CC BY-SA).


  1. Delgado Ramos, Gian Carlo, coord. (2014). Apropiación del agua, medio ambiente y obesidad: los impactos del negocio de bebidas embotelladas en México, UNAM, México, pág 112.
  2. La confrontación entre lo que debe procurar la ley y lo que en realidad permite atraviesa todo el sistema económico. Algunos científicos proponen el nombre de «capitoloceno» para definir a nuestro tiempo, marcado como está por la incompatibilidad entre un capitalismo que demanda crecimiento infinito y el planeta, cuyos recursos son finitos. El gobierno federal no es ajeno a esta discusión, ni a las contradicciones resultantes entre la ética y el marco legal del Estado, por lo general, defensor de la propiedad privada y el desarrollo. Las mineras, el Tren Maya o el decreto de la industria refresquera como «actividad esencial» durante la pandemia (la tasa de letalidad que el Covid-19 ha cobrado en el país está relacionada con obesidad, hipertensión y diabetes) son temas que circulan, a veces, en sentido contrario a las preocupaciones de varios funcionarios federales. Son conocidas, por ejemplo, las opiniones del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Toledo. O del Dr. Hugo López-Gatell, subsecretario federal de Prevención y Promoción de la la Salud, quien en su reciente visita a Chiapas dijo: «¿Para qué necesitamos el veneno embotellado, el de los refrescos? ¿Para qué necesitamos donas, pastelitos, papitas que traen alimentación tóxica y contaminación ambiental? Las botellas llegan a ríos y luego al mar».
  3. Al respecto, transcribo la explicación que me dio Margarita Gutiérrez, directora de Incidencia y Cambio Sistémico, de Fundación Cántaro Azul: «Para saber cómo funcionan los sistemas de flujo subterráneo, hay que hacer un estudio. Es probable, pero un poco raro, que el agua que se infiltre aquí llegue hasta allá abajo. En general, los sistemas de flujo son muy grandes y hay de dos tipos: regionales y locales. Los regionales pueden ser tan grandes como parte de Chiapas. Podría ser que parte de la lluvia en la meseta comiteca llegue a San Cristóbal. Pero no lo sabemos, porque no hay un estudio sobre eso. Es una nueva rama que en México no se ha adoptado institucionalmente y que se llama hidrogeología. A grandes rasgos, se valen de isótopos del agua subterránea y de lluvia para identificar, por ejemplo, dónde son las zonas de recarga».

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  1. El tema del agua es preocupante, no sólo en San Cristóbal sino en todo el país, acciones alternas a la búsqueda de soluciones es la falta de planeación urbana de la ciudad, ahora hay que remar contra corriente y es urgente recuperar lo poco que queda de humedales que son fuentes de recarga de de los mantos freáticos y poner límites en el crecimiento desmedido de la ciudad.

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