La policía suele generar desconfianza. Sobran razones. Todas ellas, sin embargo, son consecuencia directa o indirecta de la falta de institucionalidad que impide su profesionalización.
A la precariedad salarial y la carencia de seguros médicos y de vida que ameritarían los riesgos de su labor, debe sumarse aún la inestabilidad laboral que enfrentan los policías, quienes no son considerados trabajadores del Estado, sino que mantienen una relación de índole administrativa. Eso significa que pueden ser despedidos sin importar su antigüedad; y en el caso de los municipales, incluso, llegar a ser sustituidos cada tres años por nuevo personal.
En el país donde la educación, la salud y la economía se reinventan, una y otra vez, cada tres y seis años, no resulta extraño que las instituciones encargadas de la seguridad sufran también las consecuencias de ese modelo. Pero en el caso de la policía, más que grave, es hasta peligroso que durante décadas la tendencia no haya sido la profesionalización de los cuerpos policiacos, sino su militarización.
Las estadísticas muestran mayores picos de violencia año tras año. Y la militarización de la seguridad no parece, de lejos ni de cerca, ser parte de la solución.
El titular del Ejecutivo en turno parece obviar dicha situación.
En México, la policía se divide en tres niveles. Cada uno corresponde a un nivel de gobierno: municipal, estatal y federal. Grosso modo, las tres en conjunto –y en la actualidad, junto con el Ejercito y Marina–, son los encargadas de mantener el orden público.
Hasta antes de 2009, en su parte operativa, los cuerpos policiacos se dividían de forma muy general en dos. En primer lugar, la policía preventiva, cuyas funciones consisten en el patrullaje constante de los municipios, carreteras, caminos intermunicipales o interestatales, y en hacer valer el Estado de Derecho cuando les es requerido o están en presencia de un hecho delictivo. Y en segundo, la policía ministerial (estatal o federal), bajo el mando del Fiscal del Ministerio Público, cuyo trabajo es apoyar a las fiscalías en la investigación de delitos y la ejecución de órdenes de aprehensión. La diferencia entre los ministeriales estatales o federales, es la índole de los delitos: los primeros investigan e indagan sobre delitos del fuero común, como robos y homicidios; y los federales ministeriales lo hacen sobre delitos del fuero federal, como el narcotráfico o el robo de hidrocarburos. A partir de 2009, todos los policías son considerados como ministeriales.
Los estudiosos del tema clasifican en tres categorías los modelos de policía:
1) El modelo represivo. que actúa de manera reaccionaria al espectro criminal.
2) El modelo preventivo. Una policía que trata de impedir la realización de actuaciones antisociales o criminales; y
3) El modelo garantista. Lo mismo que el preventivo, pero además busca que su actuación esté dentro del margen estricto de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes secundarias.
En México, como se sabe, ha prevalecido el modelo represivo, representado por la extinta Policía Judicial.
La creación de la Policía Federal Preventiva (PFP), fue el intento de dar un matiz más preventivo y garantista al modelo policiaco mexicano. Pero la realidad contradijo y destruyó toda buena intención en ese rumbo. No es extraño. ¿Porque cómo puede construirse algo, si debemos partir de cero en cada sexenio? No exagero.
En un periodo de treinta y seis años, hemos pasado por seis cambios de institución: Policía Judicial, Policía Federal Preventiva, Policía Federal Investigadora, Policía Federal Ministerial, Gendarmería Nacional y Guardia Nacional.
Los nombres cambian. Pero los vicios y males de los cuerpos policiacos permanecen.
Los titulares en turno del Ejecutivo han considerado que el cambio de nombre y de algunos procedimientos bastan para mejorar a la policía. Lo único que ha avanzado con esa solución es el detrimento en la institucionalidad de la policía.
Tal vez por la influencia del cine y la literatura, pero casi nadie desconoce el nombre de instituciones policiacas de otros países, como el FBI o Scotland Yard. Eso es porque no cambian, sino que perduran corrigiendo sus deficiencias y puliendo áreas de oportunidad. No puede decirse lo mismo de la policía en México.
No es que no se hayan hecho esfuerzos por profesionalizar a los cuerpos policiacos. El problema es que éstos se han quedado cortos o sido anulados en cada cambio de administración. Los malos resultados en ese ámbito han alentado el fuego de la militarización progresiva.
Este sexenio, por ejemplo, contrario a lo sostenido en campaña, ha seguido ese mismo sendero de militarización, incluso de manera más notoria (¿y peligrosa?) que sus antecesores, al desaparecer a la Policía Federal, para dar cabida a la Guarida Nacional, conformada por elementos militares, presuntamente separados de sus cargos (una afirmación en entredicho, criticada por oenegés y por la cual la propia ONU ha manifestado preocupaciones).
No es de esperar que la actuación militar –cuyos fines y entrenamiento son, necesariamente, de otra naturaleza– fortalezca un modelo policiaco garantista. Y sin duda, ni preventivo.
¿En verdad es más fácil militarizar que mejorar las condiciones laborales y de desarrollo profesional de la policía?
En 2018, una encuesta realizada por la organización Causa en Común, entre cinco mil policías federales y estatales, reveló que sus jornadas laborales son, por decir lo menos, extenuantes.
El 34 por ciento de los policías aseguró tener jornadas de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso (24×24). El 18 por ciento cumple jornadas de 12 horas de trabajo por 12 de descanso (12×12). Le siguen las modalidades de 8×12, 12×24 y 24×48, cada una con 6 por ciento. Otro 5 por ciento está bajo el esquema de acuartelamiento; esto es que luego de una jornada laboral en las calles, los policías pernoctan en las instalaciones policiales y están «a disposición» completa, sin derecho a pago de horas extras. El 25% restante se distribuye en más de una docena de combinaciones.
«Otro de los hallazgos –dice la organización– fue que 44% de los policías trabajan más de doce horas al día, ya sea por cumplir alguna de las modalidades de la jornada o por estar bajo la figura de acuartelamiento».
No obstante, la situación de los policías municipales puede ser aún peor:
«A pesar de que el presente estudio no incorpora información de policías municipales, se puede asumir que la mayoría de estas corporaciones se encuentran en similares o peores condiciones que las estatales».
Sólo Baja California tiene señalada una jornada de ocho horas para los elementos de la policía. En el resto del país, las jornadas son en todos los casos superiores a las señaladas en la Ley Federal del Trabajo como máximas para un empleado.
El problema de trabajar horas extras no sólo es propio de los policías. México es el país miembro de la OCDE donde las personas dedican más tiempo al trabajo, con un promedio de 43 horas. Pero en el caso de los policías mexicanos, la situación es alarmante: su jornada promedio es, oficialmente, de casi 12 horas diarias.
Peor aún: trabajan más de lo que se reporta oficialmente, sin que las horas extras les sean retribuidas en ningún caso. Porque en la policía, en materia laboral, impera más la discrecionalidad de los jefes que la norma. Así, los jefes suelen exigir una tercera parte extra a la jornada normal de un policía.
Lo anterior significa que sin importar su tipo de jornada, por «exigencias del mando», los policías mexicanos llegan a trabajar entre 16 y hasta 32 horas ininterrumpidas.
Chiapas es, por cierto, la segunda entidad donde más se les pide a los policías laborar tiempo extra.
«Se identificaron casos de mayor gravedad –dice el estudio de referencia– como Guerrero y Chiapas, donde los policías señalaron que suman alrededor de 20 horas a su jornada»
El estudio refiere que la poca efectividad de la labor policial es consecuencia directa del abuso laboral que padecen los policías. Muchas veces, explica, «cuando la jornada se extiende por una sanción o un castigo, las consecuencias de un mal desempeño se convierten en un castigo para la corporación en su conjunto o, peor aún, para la ciudadanía».
Cita, además, algunos dichos de los policías encuestados:
Puede ser que, desde cierto enfoque, las condiciones de discrecionalidad de los mandos tanto como la inestabilidad y abuso laboral en que se desempeñan los policías, no sean tan distintas de las que padece, de por sí, el resto de los trabajadores del país. Pero las consecuencias no son las mismas.
El camino de la militarización del trabajo policiaco está empedrado, en México, por todas las carencias de las policías.
Si las condiciones aquí señaladas no son revertidas, no sólo seguiremos careciendo de policía profesional y capacitada, sino, con probabilidad, como ha ocurrido hasta ahora, agravando las condiciones multifactoriales de la impunidad y la violencia en el país.
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