¿Y los tribunales, para cuándo?
Por Édgar Benítez Aguilar Publicado en Columnas y opiniones, Hoja legal en 13 abril, 2021 0 Comentarios 5 min lectura
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Entre las víctimas no ponderadas del COVID SARS-19 deberían incluirse también las instituciones de justicia en la frontera sur, donde es imposible la resolución de problemas a través de los tribunales, cerrados desde hace más de un año. El Poder Judicial de Chiapas ha dejado en manos de los ciudadanos el arreglo de sus problemas, como puedan.

La situación de Chiapas era de por sí delicada. Desde antes de la pandemia, la entidad era una de las dos con el Poder Judicial más atrasado tecnológicamente de México y, además, con alto grado de impunidad. Hoy, tras más de un año con los tribunales cerrados, la circunstancia es ya alarmante.

A la fecha, el Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas (órgano encargado de la dirección del Poder Judicial en la entidad) ha emitido 18 acuerdos para prorrogar la apertura de tribunales, desde el 18 de marzo de 2020 hasta el 3 de mayo de 2021. Consulta aquí el más reciente (04/2021).

En materia civil, los juzgados sólo están facultados para realizar admisiones de demandas y contestaciones, frenando el proceso probatorio. Esa medida ha ocasionado que haya juicios que lleven más de un año detenidos. Más o menos lo mismo ocurre en materia administrativa, donde los juicios están detenidos, por falta de operación de la administración pública estatal.

La insensibilidad de los encargados de la operación del Poder Judicial de Chiapas para no volver a sus labores podría explicarse, al menos, desde dos aristas.

La primera es la falta de carrera judicial por parte del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, quien accedió al cargo por afinidades políticas y no por méritos profesionales. Alguien que hubiese pasado por diversos cargos en juzgados y tribunales, o que estuviese cercano al trato con los litigantes y sus clientes, sin duda, tendría una sensibilidad que le permitiera entender la labor que pesa sobre sus hombros; así como las necesidades del ciudadano de a pie como acreedor, arrendador, arrendatario, deudor, patrón, trabajador, etcétera. Los ciudadanos no podemos esperar más de un año para resolver nuestros problemas ―con el tremendo costo económico que además implica―, para ser atendidos por los tribunales expeditamente instaurados por el Estado para la tarea.

Un segundo ángulo es que al ser la de Chiapas una economía tan dependiente del gobierno, el discurso político llega a pesar más que la propia realidad. Incluso, hasta la contradicción. Tenemos, por ejemplo, que debido al bajo riesgo de contagios en la entidad, las secretarías de salud federal y estatal determinaron el retorno al semáforo verde, desde el pasado 14 de febrero de 2021. Aun así, la administración pública estatal sigue actuando bajo protocolos de semáforo rojo. De ahí que la población opine, con humor, que en Chiapas el semáforo es color verde sandía: verde por fuera, rojo por dentro.

¿Cual es la explicación para que las instituciones no hayan vuelto a sus labores, haciendo caso omiso de la política del semáforo implementada por el Gobierno Federal? ¿Existen datos del sistema de salud que la cúpula política estatal conoce y los ciudadanos ignoramos? ¿Cuáles son?

Se entienden la preocupación y consecuencias funestas del COVID SARS-19. Pero eso no impide que se sientan y padezcan los estragos económicos de la interrupción de labores, sin que se vislumbre al menos un intento de solución por parte de los administradores del Estado.

En el tema jurídico, aun sin estar en semáforo verde, otras entidades han buscado desde el año anterior diferentes modelos administrativos para mitigar el atraso en la impartición de justicia. El ejemplo más claro es la Ciudad de México. No sólo atienden a una población mucho mayor, la ciudad ni siquiera está en semáforo verde. Aun así, sus juzgados han trabajado de manera casi normal, operando una semanas unos y otros, la otra. No es lo ideal, por supuesto. Pero es clara ahí la intención de impartir justicia, de no renunciar a sus deberes. Lo mismo ocurre con el Poder Judicial de la Federación con residencia en el estado, donde por orden del Consejo de la Judicatura Federal los juzgadores han seguido trabajando, con parte del personal en las instalaciones físicas y otros desde casa. Incluso, han permitido el uso de tecnologías digitales para que las partes se comuniquen vía remota, en el tema de los juicios orales.

Ambas soluciones distan de ser perfectas. Sin embargo, dan cuenta de que el Estado no ha renunciado a su responsabilidad de impartir justicia. Esa misma que al pueblo de Chiapas le ha sido negada desde hace más de un año.

En más de una ocasión, debido al semáforo verde de Chiapas y Campeche, el presidente de la República ha propuesto el regreso a clases presenciales en las escuelas de ambas entidades. Y mientras avanza ese debate, los ciudadanos que por necesidad se ven obligados a participar en litigios y los abogados que de eso viven y sostienen a sus familias se preguntan: ¿y los tribunales, para cuándo?

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